Según filtraron fuentes oficiales al diario El País de Montevideo, los análisis realizados en Canadá para determinar el nivel de contaminación de la polémica planta de celulosa apuntaron a que la empresa no contamina las aguas del río fronterizo.
Sin embargo, el río Gualeguaychú, afluente del río Uruguay y a donde van a parar los residuos del Parque Industrial de la ciudad argentina homónima, superan “levemente” los límites legales.
El diario apuntó, además, que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), organismo bilateral encargado de vigilar la situación en el río, retrasó la divulgación oficial del informe, prevista para el viernes, por diferencias entre los miembros uruguayos y argentinos del comité científico encargados de los análisis.
Siempre según El País, las fuentes consultadas afirmaron que los responsables argentinos cuestionan los 30 grados de temperatura del agua que sale de la planta de UPM y señalan que se encuentra por encima de lo permitido, mientras que los uruguayos afirman que el límite máximo son los 37 grados.
Los uruguayos argumentan además que fue la propia Argentina la que pidió a UPM que dejara de usar un sistema de enfriamiento para los vertidos de agua y que por eso las autoridades autorizaron elevar la temperatura máxima de los efluentes, una decisión que “no fue unilateral” y que fue “debidamente comunicada”.
Además, los uruguayos señalaron que en la vecina provincia argentina de Entre Ríos la temperatura máxima para los vertidos en el río es de 45 grados.
La instalación en el río fronterizo entre ambos países de la planta papelera de UPM, entonces propiedad de la empresa finlandesa Botnia, desató la mayor crisis en décadas entre Uruguay y Argentina.
En protesta por su puesta en funcionamiento, grupos de ambientalistas de la ciudad de Gualeguaychú iniciaron un bloqueo del principal paso fronterizo entre los dos países que se prolongó durante más de tres años, mientras que Argentina presentó una demanda en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
El tribunal internacional emitió un veredicto en 2010 en el que señalaba que si bien Uruguay había incumplido parte de los acuerdos con Argentina al no consultar la instalación de la planta, que supuso la mayor inversión en la historia del país con 1.800 millones de dólares, no se podía pedir su desmantelamiento porque no estaba probado que contaminara.
Poco después ambos Gobiernos acordaron desarrollar un plan para controlar la situación ambiental en la región y dentro de la planta de celulosa, que incluía la visita de técnicos y científicos de ambos países para tomar muestras.
