La industria de biocombustibles Inpasa SA está pensando en impulsar una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 7 de la Ley N° 5444, que obliga al uso preferencial de la caña de azúcar para producir alcohol. Anuncia que está analizando dicha posibilidad debido a que está llena de sumarios por causa de esta normativa, a la que califican de “corte populista y sin argumentos racionales que la respalden”.
Esta situación respecto a la ley vigente fue señalada por Enzo Olmedo, asesor jurídico de la empresa que, según indicó, emplea a mil personas en forma directa y es el quinto aportante impositivo del país.
La Ley 5444 fue sancionada en el 2015, bajo el gobierno de Horacio Cartes. El entonces titular del MIC, Gustavo Leite, había argumentado que iba a generar la industrialización del sector alcoholero y más de 50.000 productores podrán asegurar sus productos. Alegó que también buscaba un equilibrio y tener un programa alcoholero.
Olmedo señaló que la legislación de fomento de consumo del alcohol absoluto y alcohol carburante da preferencia al uso de la caña de azúcar para la producción, por encima de otras materias primas.
Añadió que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) es el que controla y lleva los registros. Puntualizó que es aquí donde salta como dato importante que solo el 5% de todo el volumen de alcohol que se produce en Paraguay es de caña de azúcar.
“Esto es grave porque se presta a que todos los años nos carguen con un montón de sumarios innecesarios. El mercado se maneja por su propio precio de oferta y demanda y la existencia hoy del maíz como materia prima importante. Aparte de eso, nosotros tenemos un consumo que va aumentando. El alcohol es una energía limpia y que, en el 2019, registró un consumo de 380 millones de litros”, recalcó.
Olmedo dijo que la caña de azúcar solo tiene un período máximo de producción de cinco meses al año y es de un solo ciclo, mientras Paraguay consume más de un millón de litros de alcohol por día. Indicó que, en este contexto, “no se puede restringir a un grupo por otro que representa solo el cinco por cinco del volumen total por una cuestión hasta antojadiza y porque no tiene ningún criterio técnico, ningún estudio que pueda demostrar la diferencia entre el alcohol y la diferencia que tenga origen en toda materia, en este caso el maíz”.
Lamentó que se siga manteniendo vigente la normativa por “una cuestión populista” y más porque “es de cumplimiento imposible sin que se establezcan cupos de referencia a los cañicultores”.
Finalmente, reiteró que están pensando en plantear una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 7 de la ley porque, “por más que planteamos una salida a través del diálogo, no se puede porque el ministerio nos sigue llenando de sumarios”.