La Contraloría General de la República (CGR) presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el intendente de la Municipalidad de Concepción, Alejandro Urbieta, por un presunto daño patrimonial de más de G. 6.400 millones. El caso se reportó a la Fiscalía General de la República para la correspondiente investigación.
El grupo de Conciencia Ciudadana realizó el pasado viernes a la noche un mitin frente al local del Ministerio Público para exigir agilidad sobre las denuncias contra el jefe comunal por supuestos hechos de corrupción.
“Tres compañeras presentaron últimamente tres denuncias en la Unidad 3 contra el intendente Urbieta que no está corriendo. El fiscal Morales nos había dicho que necesita un técnico para seguir con la investigación”, señaló José Samaniego, líder de los movilizados.
Hoy, a las 10.00, harán una manifestación frente a la Fiscalía. “Creemos que esta semana habrá designación de fiscales para el caso, pero si no ocurre, vamos a viajar a Asunción”, anunció Samaniego.
PROTESTA. Se incluyeron pintatas en la calle con pedido de no impunidad y expresiones como “cárcel para la gavilla Urbieta” fue el detonante del reinicio de las manifestaciones contra el jefe comunal.
José Samaniego, ciudadano movilizado, en su momento destacó que realizan la lucha por la transparencia municipal. Hace meses, los indignados realizan una serie de protestas frente a la Fiscalía y la Municipalidad de Concepción y hasta la fecha sus reclamos no son escuchados.
POSTURA. El intendente Alejandro Urbieta declaró la semana pasada a sus medios afines que, ante las observaciones de la CGR, respondió favorablemente y que no sabe de dónde surge la postura del ente contralor.
Aunque no descarta que detrás de la denuncia estén un sector del Partido Liberal y el Partido Colorado. “Acá se busca dañar mi imagen”, dijo el intendente más denunciado en la historia de Concepción.
Cabe recordar que la Cámara de Diputados rechazó en agosto pasado el pedido de intervención de la Municipalidad de Concepción. Una comisión especial, creada para su análisis, argumentó que dentro de la investigación no se encontró un daño patrimonial.