Los primeros en decir “no” han sido unas 75 comunidades indígenas del Bajo Chaco, que a través de una coordinadora de líderes han informado: “Estamos rechazando la oferta del EPP, nosotros no queremos víveres, queremos liberación de los secuestrados Óscar Denis y nuestro hermano indígena (Adelio) Mendoza, queremos que se los libere pronto”.
Igualmente, los coordinadores de los siete núcleos poblacionales de la comunidad campesina de Arroyito, en el Departamento de Concepción, una zona a la que en varias oportunidades se ha atribuido ser una presunta base del EPP, han informado: “Nos reunimos a nivel de dirigentes y consensuamos que vamos a dar orientación a las familias de los siete núcleos para que se rechacen los víveres)”.
Los dirigentes de Arroyito han aclarado que “no es una posición en contra de las familias de los secuestrados, sino más bien responde al lineamiento de que sea el Estado paraguayo el responsable de brindar asistencia a los pueblos olvidados”.
No obstante, y finalmente, a pedido de los miembros de la familia Denis, varios pobladores acabaron recibiendo las bolsas de alimentos, ya que en caso contrario no se podría cumplir con la exigencia de los secuestradores.
Varias otras comunidades indígenas y campesinas de Concepción y Amambay han anunciado que también rechazarán los víveres, entre ellas las del pueblo Paî Tavyterã, al cual pertenece el también secuestrado trabajador indígena Adelio Mendoza,
Miembros de la organización Mujeres Indígenas del Paraguay (MIPY), a través de un pronunciamiento, plantearon que la supuesta ayuda del EPP de regalar víveres obtenidos como chantaje a través de un secuestro, es similar a la práctica que muchos políticos en épocas de elecciones, que también ofrecen bolsas de alimentos a cambio de votos.
“Exigimos que el Estado asuma sus responsabilidades institucionales y no ponga a las comunidades indígenas como carne de cañón en una guerra que no es nuestra”, reclaman, con mucha razón.
Aunque las comunidades que sí aceptaron las bolsas de alimentos y equipos no son por ello menos dignas, especialmente ante la crítica situación en que sobreviven ante la pandemia del Covid-19 y el abandono del Estado, el conmovedor gesto de decirle no al EPP refuerza una gran cadena de solidaridad ciudadana para con las víctimas y marca una derrota política del grupo criminal.
