Los nativos volvieron a bloquear varias carreteras en el centro del país, que los militares despejaban arropados en un estado de excepción ordenado por Lenín Moreno el jueves, cuando se registraron saqueos en la primera jornada de paralización de transportistas.
Aunque los dirigentes del transporte suspendieron el paro el viernes, el fin de semana no se está presentando una normal circulación de autobuses, aunque sí de taxis.
Los manifestaciones se han repetido desde el jueves, cuando la eliminación de los subsidios derivó en un alza de 1,85 a 2,39 dólares en el galón de la gasolina extra (la más popular), y de 1,03 a 2,27 en la diesel prémium.
HUELGA GENERAL. Pero mientras los transportistas suspendieron su paro, lo indígenas incrementaron sus protestas y anunciaron una masiva llegada a Quito para unirse, este miércoles, a una huelga general secundada por sindicatos y otros grupos sociales, en protesta por la suba de combustibles, entre otros reclamos.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, aseguró que están cerradas las posibilidades de diálogo con el Gobierno. “Hemos cerrado totalmente el diálogo con el Gobierno, no hay diálogo hasta llegar a la ciudad de Quito”, dijo.
“Aquí no estamos para negociar a espaldas del pueblo. El pueblo se ha levantado y eso es lo que se va respetar”, apuntó un día después de que, en un encuentro con la prensa extranjera, el canciller José Valencia reiterase la apertura del Ejecutivo nacional al diálogo, pero sin posiciones de fuerza.
Entre otras medidas, Moreno liberalizó el mercado de combustibles en respuesta a una serie de compromisos que ha adquirido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir una línea de crédito de más de 10.000 millones de dólares de varias entidades.
Gobierno teme suba de precios
Frente al temor de una subida descontrolada de precios, el Gobierno ecuatoriano lanzó una serie de operativos por todo el país para controlar los precios de los productos de primera necesidad. Como resultado, veinte personas que vendían alimentos con un valor superior al estipulado habían sido detenidas. Según la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se celebraron reuniones con representantes de grandes cadenas para que actúen como agentes de control.
