El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) destituyó a León, en agosto del año pasado, de su cargo de juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Quinto Turno de Ciudad del Este, por mal desempeño en sus funciones en su actuación durante la tramitación de un expediente judicial.
La denuncia contra el entonces juez fue radicada por la abogada María Dionisia Martínez, quien lo acusó de haber declarado la quiebra de la empresa Verona SA de forma irregular.
La firma pertenece a los hermanos libaneses Ziad Ali Tarif y Mohamed Ali Tarif, quienes resultaron favorecidos con la acción del ex juez León.
El JEM logró comprobar que Verona SA adquirió mercaderías de sus acreedores, a créditos, y los pagos fueron efectuados con cheques diferidos como garantía, pero como una jugada para zafar de sus deudas, los libaneses comenzaron un juicio para declarar su empresa en quiebra, incurriendo en fraude.
El expediente señala que León obró en favor de la declaración de quiebra, pese a que los afectados advirtieron que se trataba de una estrategia ilegal.
TÍTULOS FALSOS. El ex magistrado esteño fue denunciado también por otros hechos. En el 2014, el abogado Daniel Mitjans, procesado por una supuesta venta irregular con títulos falsos de dos inmuebles de 1.000 hectáreas cada uno en Itakyry, Departamento de Alto Paraná, acusó a León de haber participado junto con él de este hecho punible, pero no fue imputado.
VEHÍCULO ROBADO. En el 2016, León fue denunciado por una oficial de Justicia por negarse a entregar el vehículo que estaba en su poder, un Hyundai Veracruz, que tenía orden de secuestro, buscado por un año y encontrado sobre las avenidas Eusebio Ayala casi República Argentina, de Asunción, donde es interceptado, pero el ex juez se resiste a entregarlo y no mostró ninguna documentación. Alegó que fue víctima de estafa.
El Tribunal de Ética Judicial resolvió que, luego de estudiar el caso, se pudo comprobar una falta ética por parte de León, “por violación de los artículos 14 y 19, inc. 1 y 2 del Código de Ética Judicial”. Determinó entonces aplicar la medida prevista en el artículo 62, número 2, inciso B, sobre “llamado de atención” del Código de Ética Judicial.
Pese a este legajo, Aldo León es titular de la Dirección de Asesoría Jurídica, antes a cargo de Nathalia Caballero.
El Indert está siendo intervenido por irregularidades y León y la gerente de Créditos, Mirna Liliana Alaye Augusto, fueron designados por Vega como los nuevos interventores de la Dirección General de la Región Occidental.
Vega presentó hace un mes su nuevo plantel. Liz Natalia Florentín Giménez es directora general de Coordinación Interinstitucional e Internacional y Eriberto Florentín Duarte, director general del FIDES; además de León y Alaye.