A raíz de una denuncia realizada por el propio fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, se inició una investigación contra la administración de Sandra Quiñónez, ex titular del Ministerio Público. La causa es por la falta del reclamo del pago de la póliza, tras haberse incumplido un contrato de obras.
La Fiscalía había iniciado un acuerdo con el consorcio M y G, para la construcción de una sede regional en Caazapá. Fue así que la aseguradora Royal Seguros emitió pólizas y anticipo de obras, que alcanzó los G. 2.735.952.145. Sin embargo, ese compromiso no se cumplió.
Entonces, el 28 de noviembre del 2018, la ex fiscala general Sandra Quiñónez resuelve rescindir el contrato. Al día siguiente, se hace una intimación de pago al consorcio, pero esto tampoco ocurrió.
Ya en diciembre, se le comunica a la aseguradora que se incumplió la intimación.
Sin embargo, Royal Seguros notificó a la Unidad de Operativa de Contratación (UOC) del Ministerio Público, que se designa a una empresa liquidadora de seguros para elaborar un informe de cuentas de la obra. A la par, pide que se les provea una información complementaria. Esto ocurría en diciembre del 2018.
Ya en enero del 2019, la empresa Ética Peritos Liquidadores (liquidadora de siniestros) también pide a la UOC información complementaria. Pese a ambos pedidos, la Unidad no contestó.
TARDANZA. Corrían los meses y es en marzo de ese año que la UOC reiteró que se pague la póliza, todavía sin responder las solicitudes que se le hacía y, a su vez, la empresa liquidadora pidió los informes de estados del proceso judicial-arbitral.
En julio, desde la Fiscalía se responde el pedido que se le hace en enero, no así lo de la información complementaria.
Ya en octubre de ese año, tanto Ética Peritos Liquidadores como Royal Seguros reiteraron el pedido de información complementaria; y recién el 12 de octubre –casi un año después– la Dirección de Asesoría Jurídica de la Fiscalía informó sobre los estados de los procesos judicial y arbitral relacionados al contrato.
Lo que ocurrió a raíz de eso, es que el 26 de octubre del 2019, la aseguradora comunica al Ministerio Público que el derecho a reclamar la indemnización había prescripto.
En su denuncia, el fiscal general expuso que “las conductas omisivas del o los funcionarios encargados podrían adecuarse al tipo penal de lesión de confianza, por cuanto el perjuicio patrimonial a la institución estaría dado en la falta de reclamo judicial para el cobro de las pólizas de seguro”.
También pidió que se verifique cuándo la obligación de pagar se volvió exigible. Además, resaltó que Royal Seguros respondió sobre la prescripción antes de cumplirse los 30 días que dice la ley, que tiene tiempo de responder.
Nuevamente, aquí se falló –según expuso Emiliano Rolón–, ya que el Código Civil (en su artículo 1597) dice que “en caso de negativa (de pagar el seguro), deberá enunciar los hechos en que se funde”.
La denuncia dice que “los funcionarios del Ministerio Público debieron accionar contra dicha posición para lograr el pago de las pólizas”.
La fiscala Marlene González, de Delitos Económicos, fue asignada en la causa, quien ya adelantó que habrá “estricto cumplimiento a la ley”.
