En la zona, el valor del terreno solo cuesta G. 400 millones.
La casa se ofrecía en los USD 360.000. Una cifra por demás superior a lo declarado por la misma congresista, aún después de que haya mencionado que “se olvidó” de dar detalles ante el ente contralor.
La elegante residencia de Lizarella Valiente tenía un precio de oferta de USD 360.000 en el 2020, unos G. 2.500 millones al cambio de ese año. Sin embargo, la senadora cartista declaró que la adquirió por G. 860 millones
El 11 de agosto de 2020, se ofrecía en la web de Clasipar una lujosa residencia con tres habitaciones en suite en la planta alta, semiamoblada y equipada, a USD 360.000, equivalentes a unos G. 2.500 millones según la cotización de ese año (G. 6.940, en promedio).
En la residencia se observan mejoras y ampliación, que se estiman otra buena inversión de dinero.
Otro punto llamativo es que el documento de escrituración pública de la transferencia lo realizó con el abogado Víctor Peña Gamba. Aquí aparecen USD 100.000. Hubo un pago de USD 20.000, quedando un remanente de USD 80.000.
La parlamentaria primero no declaró tener deudas por la casa que adquirió en el 2020, según su primera DDJJ; no obstante, luego se rectificó y aseguró que se trató de un error involuntario.
En ese sentido, Valiente aclaró que la compra de su domicilio la hizo en 60 cuotas, por medio de un acuerdo privado y con una entrega previa que realizó a través de una “donación familiar” y ahorros propios.
La cuota que debía abonar por la casa es de USD 1.700, equivalentes a G. 10 millones, superior al salario de G. 7.000.000 que percibía cuando era funcionaria de la Dinac. La senadora también omitió un préstamo de G. 70 millones que solicitó en febrero del 2023 al banco Basa para financiar su campaña electoral. Tras las omisiones en sus DDJJ, la Contraloría General de la República (CGR) realizará un examen de correspondencia a la declaración realizada por Valiente.
Tras darse por enterada de esta situación, la legisladora cartista afirmó que para ella es una “magnífica oportunidad de demostrar con documentos” que todos los bienes que posee pueden justificarse con “24 o más años de trabajo en los sectores privado y público”. Durante el peritaje del órgano contralor, se determinará si sus DDJJ es veraz y si su crecimiento patrimonial es consistente, y además se analizarán todos los documentos presentados.
