La falta de infraestructura adecuada de las escuelas y colegios públicos es un déficit que no solo requiere de buenas intenciones y buenos proyectos para poder darle una solución al menos parcial. Ni siquiera es necesario salir de la capital para poder ver la situación calamitosa en que se encuentran las instituciones educativas estatales. Al comenzar a verificar los colegios del interior de la República la realidad es más lacerante. La infraestructura que debe albergar a los niños y adolescentes es mucho peor. Las aulas no solo están en muy malas condiciones para que los alumnos puedan aprender, sino que son extremadamente riesgosas para su seguridad.
Dada la necesidad de más y mejores aulas para los niños en los diversos departamentos del país, es inconcebible pensar en una mala utilización de los recursos públicos que tienen como objetivo inicial el mejoramiento de la infraestructura edilicia de las instituciones educativas. Sin embargo, ya sea por mala gestión, ineficiencia, irresponsabilidad, venalidad o simplemente por carecer las empresas de la capacidad para desarrollar un cierto tipo de obras, los sueños de las familias, especialmente en las ciudades del interior o en nuestras campiñas, de enviar a sus hijos a colegios con espacios adecuados caen en saco roto.
Cuando se trata de construir educación desde los cimientos, es decir desde la construcción de las aulas; la integridad, la transparencia y la honestidad son premisas esenciales que se deben manejar desde las comisiones vecinales que trabajan para ampliar las escuelas, y ni que decir en las administraciones públicas que usan recursos estatales.
La educación es uno de los motores del desarrollo, por ello, para recibir conocimiento también se requiere de lugares aptos y establecidos en los lugares más recónditos del país para que todo niño y joven pueda acceder al aprendizaje y forjarse un futuro digno.
Un dato a tener en cuenta es que desde el 2012 al 2020 las municipalidades recibieron más de 2,2 billones de guaraníes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para invertir en infraestructura, equipamiento y alimentación escolar, según Hacienda. En este contexto, la Contraloría General de la República remitió varias veces al Ministerio Público informes por el mal uso de los recursos del Fonacide e iniciándose causas por lesión de confianza. En varios casos ni siquiera se construyeron las aulas pagadas. Otras fueron hechas con baja calidad. Así las cosas, alumnos de escasos recursos quedaron sin local para dar clases y sin el almuerzo escolar.
También en este primer semestre una docena de municipios no presentaron su rendición de cuentas a la Contraloría General de la República e igual cantidad lo hicieron posterior al plazo establecido.
Otro caso por el cual unos 24.000 alumnos de los departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú, Presidente Hayes y Alto Paraguay quedaron sin aulas en las escuelas tiene que ver con 79 obras paradas y, de estas, 44 ni siquiera fueron iniciadas. El MEC dio como anticipo
6.400 millones a la constructora Eisa, cuyos propietarios estarían vinculados al vicepresidente Hugo Velázquez. Las escuelas continúan invariables en su infraestructura. Hay denuncias en la Fiscalía, pero se desconoce de avances en la investigación.
De acuerdo con datos del Observatorio Educativo Ciudadano, 6 de cada 10 instituciones educativas requieren reparaciones o construcciones de salas de clase, sanitarios, pasillos y espacios para oficinas administrativas, por lo que cualquier atisbo de mala gestión, ineficiencia, incapacidad o sospechas de corrupción en este rubro merece la más enérgica condena para los involucrados en cualquier despilfarro.
