La pandemia profundizó todos los problemas anteriores a su llegada. El nivel de sufrimiento por el que pasaron la mayoría de las familias paraguayas solo se compara con el de las guerras pasadas. Muchos muertos, la falta de insumos y medicamentos, la pérdida de empleos e ingresos y endeudamiento. Todos estos problemas afectarán en el largo plazo y a ellos se agregan la pérdida de años de educación y, para un grupo de adolescentes, la exclusión definitiva del sistema educativo.
Sin una recuperación económica plena, a niveles anteriores de la pandemia, ahora el país se enfrenta al riesgo de un bajo crecimiento, por lo que se desvanece la esperanza de una trayectoria económica positiva para la mayoría.
A esto se agrega que las políticas implementadas en los últimos meses han generado una fuerte indisposición ciudadana, teniendo en cuenta que terminan beneficiando más a una minoría, mientras que la mayoría sigue esperando respuestas.
Es impensable que en este contexto, los funcionarios públicos que durante la pandemia mantuvieron sus trabajos y sus ingresos, tuvieron seguros médicos o subsidios para financiar al menos en parte el costo del Covid, hoy soliciten aumento salarial aprovechando el carácter clientelista de la política pública y el periodo preelectoral.
El sector público paraguayo no cuenta con una carrera del servicio civil. La entrada, permanencia y promoción de la mayoría de los funcionarios públicos no obedece a criterios meritocráticos. Al contrario, gran parte de los funcionarios públicos pertenecen a un partido político y, lo que es peor, su gestión no está alineada a los objetivos de las políticas públicas, sino a un político que consiguió el rubro.
Otra parte de los funcionarios están alineados a los intereses de sectores de poder político y económico, que definen las normas y las políticas a su favor, tal como se ve casi diariamente en todos los procesos de la política pública.
Sin carrera del servicio civil es totalmente improcedente cualquier aumento generalizado de salarios. Las remuneraciones deben estar alineadas a las capacidades y credenciales educativas y a los resultados. Mientras no existan sistemas de incentivos que garanticen estas condiciones de funcionamiento no debería haber aumentos salariales ni de ningún tipo de remuneración adicional, incluso de horas extras.
Cualquier aumento en las remuneraciones e incentivos a los recursos humanos del sector público deben estar sustentados en una mejora de la gestión. Sin esa garantía, no hay ningún tipo de argumento a favor de que la ciudadanía pague con sus impuestos un aumento salarial.
Los efectos de la pandemia continúan, por lo que se espera que políticos y funcionarios tengan la sensibilidad suficiente para dejar afuera conductas que no favorecen la paz social y la equidad en el uso de los recursos públicos.
