Es que la cartera fiscal sorprendió a propios y extraños al liberar el viernes pasado los pagos del subsidio familiar y del subsidio alimentario, premios que son considerados como el aguinaldo extra y que contradicen totalmente su línea de austeridad. La entidad confirmó que el pago totalizó los G. 4 millones, lo que multiplicado por su plantel actual arroja como resultado un gasto de G. 9.000 millones (USD 1,4 millones).
A las cabezas del Tesoro, al parecer, poco y nada les importaron las numerosas complicaciones que se dieron este año a nivel fiscal por la recesión económica que atravesó el país. La crisis no solo impactó en el consumo, en las industrias o en el sector agropecuario, sino que causó una profunda desaceleración de los ingresos tributarios en más de USD 300 millones.
La insuficiencia de recursos impositivos también empujó al Gobierno a tomar dos decisiones, ciertamente, radicales. Por un lado, decretó medidas de racionalización del gasto, como la prohibición de contrataciones y de nuevos llamados para servicios ceremoniales y de catering, la limitación para los pagos ocasionales como el subsidio familiar y la eliminación de los pasajes en primera clase, entre otros.
Por otro lado, se decidió solicitar al Congreso la ampliación, por este año, del tope del déficit establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), del 1,5% (USD 600 millones) al 3% del PIB (USD 1.200 millones), bajo el argumento de que se necesitaba continuar con la inversión como mecanismo de reactivación y la recaudación tributaria no alcanzaba para calzar el saldo rojo.
Pero esta situación no es nueva y se repite en años preelectorales.
De hecho, el Gobierno de Cartes había sido el primero en liberar estos fondos en 2017, días antes de las internas en el Partido Colorado. Lo llamativo de ese pago fue que en las internas se presentó el ex ministro de Hacienda Santiago Peña como el elegido por el ex mandatario para continuar su ciclo. En esa ocasión, los pagos fueron de G. 3 millones, alcanzaron al 64% de su plantel de funcionarios y se habían hecho pese a que el aguinaldo extra lo prohibió el propio Ejecutivo por decreto.
Como agravante del caso actual, estos desembolsos por subsidios se dan en medio de la polémica instalada entre el Ejecutivo y el Legislativo por la ampliación de las pensiones a los adultos mayores.
Tras la decisión de rechazar el veto presidencial, el Fisco había calificado al Parlamento de irresponsable, ya que la ampliación de las subvenciones a las personas de la tercera edad le costaría al Estado ingresos anuales extras por valor de USD 80 millones. Las autoridades de la cartera, incluso, advirtieron que esa decisión haría que las pensiones se devoren los nuevos ingresos que generaría la reforma tributaria, por lo que adelantaron que están analizando limitar los pagos vía decreto y no descartan pedir una inconstitucionalidad al Poder Judicial. Ni hablar del tratamiento del Presupuesto 2020, donde Hacienda había vaticinado un descalabro financiero en caso de concederse el aumento a los docentes desde enero.
¿Y LOS DEMÁS? Esta decisión de Hacienda, además, les abre las puertas a otras instituciones a pedir la liberación de fondos para estos aguinaldos extras.
Según confirmó el Tesoro, unas 20 instituciones ya pidieron el visto bueno para estos pagos. Evidentemente, la cartera ya no podrá frenar estos desembolsos adicionales. La gran pregunta es: ¿cuánto les costará esto a los contribuyentes?
La debilidad institucional es una de las repetitivas críticas que hacen las calificadoras de riesgo a nuestro país para no elevar la nota soberana al tan anhelado grado de inversión. También es una barrera a nuevos mercados y a la obtención de mejores créditos. Mientras siga reinando el populismo en la principal institución económica pública, seguiremos esperando.
