El Ministerio de Hacienda estimó para el año 2023 un crecimiento de alrededor del 4,5%, mientras que la Comisión Económica para América Latina (Cepal) ubicó este indicador en 4,0%. Aumentos del PIB de este nivel son buenas noticias en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de la historia económica reciente. Sin embargo, en el contexto actual es necesario complejizar el análisis atendiendo a factores estructurales de la economía paraguaya, un contexto internacional todavía inestable y en recuperación y la profundización del cambio climático.
A estos determinantes se agregan el año electoral y la reciente noticia sobre la imposición de sanciones económicas a ciudadanos paraguayos por el Gobierno norteamericano.
En suma, todos estos aspectos generan un ambiente de elevado nivel de incertidumbre, lo que afecta negativamente a la conducta de los agentes económicos, tanto consumidores como productores.
La economía paraguaya ya venía viendo una ralentización económica desde 2015, que si bien había mantenido tasas moderadas de crecimiento del PIB, la evolución de los mercados laborales mostraban retracciones en el nivel de empleo y de ingresos reales y la persistencia de una alta proporción de trabajadores en la informalidad.
La pandemia empeoró esta situación, cuyas consecuencias se siguen arrastrando hasta la actualidad junto con otros problemas agregados como la inflación y el mal funcionamiento de las cadenas de suministro a nivel global.
Algunos estudios señalan que el fenómeno de La Niña se extenderá hasta marzo en la región, incluyendo Paraguay, y posteriormente se espera la llegada de El Niño en el segundo semestre, aunque no se conoce su intensidad. Estos fenómenos afectan de manera importante a la producción primaria, secundaria y energética.
Tampoco es posible dimensionar los efectos de las medidas tomadas por el Gobierno norteamericano a políticos y empresarios paraguayos ya que tendrán connotaciones a nivel interno, pero también internacional por la forma en que afectará el clima de negocios para la atracción de capitales y las calificaciones de la deuda.
El año electoral no ayudará a mejorar las expectativas económicas por la inexistencia de una carrera del servicio civil. Una buena gestión de los servicios públicos es fundamental para el crecimiento económico.
Sin este componente principal será difícil para el sector privado tener un desempeño eficiente y dinámico.
Por un lado, los funcionarios buscarán protegerse frente a cambios con la nueva gestión, sin importar que exista o no alternancia partidaria. Se pondrán en pausa todos aquellos trámites que impliquen responsabilidades y ejecución de fondos. Por otro lado, un gran número de funcionarios son afiliados u operadores políticos, cuyo tiempo está a disposición de quien les consiguió el cargo a costa del servicio a la ciudadanía.
Este contexto nacional e internacional no solo pone en juego el nivel del crecimiento del PIB, sino también su efecto multiplicador en el mercado laboral y por ende en la calidad de vida de la mayor parte de la población. Las autoridades económicas deben contar con medidas para mitigar coyunturalmente estos problemas y reducir al mínimo el impacto negativo en la economía.
El deterioro económico de la gente está siendo reflejado en aspectos como la salud mental y la conflictividad, lo que a su vez se traslada a la gobernabilidad económica y política. Estamos entrando en un círculo perverso difícil de salir y menos aún de encauzar la senda del desarrollo.
