Los recursos que disponía Fonacide –de ser aprobada la propuesta en el Congreso Nacional– van a ser redirigidos al programa de alimentación escolar. Los USD 250 millones anuales que recibe Paraguay por la venta de excedentes de energía de Itaipú al Brasil serán administrados por el Ministerio de Desarrollo Social.
Este Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) no descentralizará completamente la administración de los recursos, solamente Asunción, Central y Presidente Hayes pasarán a depender del Ministerio de Desarrollo Social, mientras que el resto de las gobernaciones y municipalidades seguirán recibiendo los desembolsos.
El proyecto Hambre Cero en las Escuelas tiene como finalidad la universalización de la alimentación, para llegar a 1.300.000 estudiantes, los 180 días del año lectivo. Este es un objetivo incuestionable, pero su cumplimiento va a requerir una extraordinaria dosis de honestidad, transparencia y eficiencia. El mismo presidente Santiago Peña calificó al Fonacide como un fracaso desde su creación hace diez años, y que el manejo de la alimentación fue un descalabro. Es inevitable recordarle al presidente colorado que los últimos diez años fue su partido el que gestionó los recursos de Fonacide, y cabe cuestionarse si es válido esperar diferentes resultados haciendo lo mismo.
Si todo el dinero del Fonacide es destinado a un solo objetivo, se dejará sin financiamiento al Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), que además financia al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y otras cuestiones como la ley de arancel cero, el Fondo Nacional de Salud, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y proyectos de infraestructura para la educación. Comúnmente se denomina a esto como desvestir a un santo para vestir a otro, especialmente porque el Gobierno no sabe cómo financiará los importantes programas que quedarán sin recursos, como lo confirmó la jefa de Gabinete, Lea Giménez, al anunciar que el Ministerio de Economía deberá buscar financiamiento para estas instituciones, de modo que se tenga una solución para el 2025. Esto, sin duda, se ve como una decisión tremendamente irresponsable y parcial.
En este sentido, la Sociedad Científica del Paraguay, a través de un comunicado, expresó su preocupación, pues teme que la decisión anule los fondos destinados al apoyo y desarrollo de la ciencia en el país, “provocando un golpe fatal a la investigación científica nacional”.
No caben dudas de que, al quedar sin recursos, va a quedar muy afectado el Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, iniciado en el año 2012 y debe concluir en el 2027. Este programa cuenta con 312 proyectos de investigación y desarrollo, 4 proyectos estratégicos y 20 proyectos multicéntricos, y beneficia a 700 investigadores e investigadoras. Ningún paraguayo debería pasar hambre, y al mismo tiempo, el país precisa invertir en la investigación y el conocimiento; sin eso, no se podrá avanzar hacia el desarrollo. Es obligación del Gobierno resolver ambas cuestiones.
Se debe exigir claridad absoluta en el proyecto de creación del Fonae en cuanto a las competencias y a la administración de los recursos. Ningún objetivo se va a lograr si no hay una total transparencia y honestidad en el manejo de los USD 250 millones.
El dinero que recibe Paraguay por la venta de excedentes de energía de Itaipú al Brasil debe llegar a los paraguayos más necesitados. Será inmoral y antipatriótico que el Gobierno utilice el hambre de los niños paraguayos como un mero discurso, o como parte de una campaña política, y debe entender que de ese tipo de bajeza y degradación moral no hay retorno.