El caso inició tras la compra a crédito de un mueble por valor de G. 3.906.000 en el comercio denominado Torres Comercial, en setiembre de 2025. Luego de abonar la entrega inicial y tres cuotas, la compradora quedó desempleada e incurrió en mora
A partir de ese momento, el imputado contactó a la afectada identificándose como abogado y exigió montos desmedidos que superaban ampliamente el valor original del producto, cobrando sumas a través de transferencias bancarias a su cuenta personal y recibos parciales que no figuraban en el comercio.
Para presionar el pago, el hombre recurrió al hostigamiento constante y amenazó con escrachar a la mujer en redes sociales, enviar mensajes a sus familiares y publicar acusaciones en la página de Facebook de la escuela de su hija menor de edad, amedrentándola con que la niña sufriría amedrentamientos.
Ante la denuncia formulada, el Ministerio Público coordinó un procedimiento de entrega vigilada y allanamiento en el comercio Torres Comercial, autorizado por el Juzgado de Paz, informó la periodista de ÚH, Liz Acosta.
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En el lugar, la denunciante realizó un desembolso final para cancelar la supuesta deuda, logrando así la recuperación del dinero en efectivo previamente autenticado, además de la incautación de contratos entre el comercio y la firma de cobranzas, teléfonos celulares y comprobantes. Durante la intervención fiscal, la propietaria del local fue aprehendida por resistencia tras agredir a las autoridades presentes.
Los análisis preliminares de la Fiscalía revelaron que los pagos exigidos y cobrados llegaron a una suma total de G. 8.060.000, generando un recargo desproporcionado superior al 100% sobre el precio original y una tasa de interés efectiva anual implícita que sobrepasa por más de tres veces los límites fijados por el Banco Central del Paraguay.
El sospechoso se encuentra detenido a disposición del Juzgado Penal de Garantías de Luque en la sede del Departamento Especializado contra Hechos Punibles Financieros de la Policía Nacional, mientras la representación fiscal solicitó un plazo de cuatro meses para la investigación conclusiva.
