Los empresarios con medidas legales son Rodrigo Itaurralde; representante legal de la firma Vimérica, y Paul Norman Helmers, propietario de la empresa de Refulados Signature. Las oficinas de Vimérica también funcionarían en la de este segundo propietario, según las investigaciones.
El reporte fiscal indica que el plan de gestión ambiental, obligatorio para estos emprendimientos, fue ejecutado de manera insuficiente por estas firmas.
La agente fiscal encargada del caso es Lisa Martínez Amarilla, perteneciente a la Unidad Número 2 de la Fiscalía Ambiental.
Entre las presuntas irregularidades se constató que el proyecto tenía un “propio ecosistema bien estructurado con un sustrato superior bien formado por una vegetación superior dominada principalmente por la especie de Sauce propicia para el hábitat de la fauna nativa”.
Asímismo, se indicó para el trabajo de refulado o relleno de la Isla San Francisco se extrajó arena de una Islote o banco de arena.
Este último dato surgió de un informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
Más datos. El Ministerio Público, siempre de acuerdo con el reporte, precisamente por contar con su propio ecosistema hizo que esa parte del islote se parta en dos.
Para estos trabajos aparentemente no se previó ni se elaboró un plan de mitigación ambiental como corresponde en estos casos.
La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna) solicitó el mes pasado una serie de informes sobre la construcción de este complejo gigante.
Fue tras protestas de pobladores, pescadores y entidades ambientales, como había comentado el vicepresidente de la entidad, el senador Enrique Salyn Buzarquis.
Mostrar el permiso que les habilita a extraer material del islote. Presentar el inventario forestal, las medidas de compensaciones y el permiso municipal obtenido para la eliminación de árboles fueron algunos puntos exigidos por esta comisión al Mades y a tres municipios afectados en la zona; Limpio, Mariano Roque Alonso y Villa Hayes.
Incluso un grupo de pobladores de Limpio había protestado exigiendo un censo para resarcimientos por las obras en esta isla.
El representante legal de la empresa Vimérica SA había recusado al primer fiscal de la causa, por lo que pasó a manos de la agente Lisa Martínez.
Finalmente, la fiscal decidió la imputación por estas presuntas fallas.