Uno de los casos afectó a la docente Nancy Elizabeth Samudio Ávalos, que realizó en marzo del 2013 un préstamo de 5 millones de guaraníes con un plazo de 38 meses, a través de un descuento salarial solicitado por la mencionada asociación.
Posteriormente la afectada tomó conocimiento por medio de su extracto salarial que, en el marco de las obligaciones derivadas del mencionado contrato de préstamo, sus haberes fueron descontados 16.780.000 guaraníes, devengando un interés de 72,32 por ciento, siendo 35,73 por ciento la tasa máxima permitida a la fecha de la operación.
Otro de los casos afectó a Wilder Ignacio Rodríguez Cáceres que hizo un préstamo de 4 millones de guaraníes, pero el pago subió a 23.672.000 guaraníes.
Otras tres personas también están incluidas dentro del proceso como denunciantes.
La fiscala Sosa solicitó a la presidenta del Concejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta, que se haga una auditoría en todos los juzgados de paz de todo el país a raíz de toda las denuncias presentadas por miles de docentes que fueron afectados por este tipo de hechos, como la usura.
Varios de los juicios presentaron omisiones de procedimientos previstos en el código procesal civil, como la dirección exacta de los deudores.
En diversos casos, la fiscala sostuvo que fueron imputados oficiales de justicia y ujieres, que presuntamente estarían en la gran rosca.