08 may. 2026

Imputan a diputado por contratar a 262 operadores liberales en Puertos

Fiscalía Anticorrupción solicitó el desafuero del parlamentario del PLRA Fernando Nicora López Moreira. En su época de presidente de Puertos llenó la institución de planilleros liberales, según la imputación.

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Foto: ÚH Archivo

El diputado liberal Fernando Nicora López Moreira fue imputado ayer por presuntamente haber contratado durante su gestión al frente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) a 262 planilleros, que en realidad trabajaban como operadores políticos del PLRA en la campaña para las elecciones generales del 2013.

La fiscala anticorrupción Nadine Portillo imputó al parlamentario y los 262 presuntos planilleros contratados en Puertos entre noviembre y diciembre del 2012.

El caso fue denunciado por el sindicalista José Ramón Martínez Molinas el 18 diciembre del 2012. La Fiscalía investigó el caso desde entonces y en este lapso ya ha tomado declaración a más de 100 personas que fueron desvinculadas de la causa.

Varias de ellas admitieron haber cobrado salarios de Puertos por el trabajo que realizaban para el PLRA y devolvieron lo cobrado, con lo cual obtuvieron salidas alternativas al proceso penal.

La imputación señala que las contrataciones fueron aprobadas mediante resoluciones del entonces presidente de la ANNP y suscriptas por el mismo.

De acuerdo con un informe de la Administración de Puertos, el importe total abonado por la institución por las contrataciones de noviembre y diciembre del 2012 fue de G. 610 millones.

Con respecto a Nicora, la imputación señala que “habría dispuesto del patrimonio del ente sin recibir a cambio contraprestación alguna, ni habría tomado los recaudos necesarios para controlar la productividad laboral de los contratados”.

La Fiscalía ya solicitó al juzgado el pedido de desafuero del parlamentario, quien fue imputado por lesión de confianza, mientras que las otras 262 por cobro indebido de honorarios.

El escrito señala que Nicora había justificado las contrataciones masivas por una posibilidad de huelga o paro. Esto no tenía fundamentos, señala la investigación.

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