La imputación para Noyme Yore Ismael y otros tres abogados, bajo la carátula de usurpación de funciones públicas, fue presentada por la abogada Josefina Aghemo de Lorenzi y el abogado José A. Dos Santos, agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
Las otras personas imputadas son Sindulfo Alegre Aquino, Cristhian David Figueroa y Lorenzo Ramón Vera Gamarra, informó la periodista de Última Hora Marcia Martínez.
Según los antecedentes del caso, el 30 de agosto del año 2013 la abogada Noyme Yore Ismael, en su carácter de defensora general del Ministerio de Defensa Pública, por Resolución N.º 109/13 resolvió designar como defensor público interino de la ciudad de Vallemí al abogado particular Sindulfo Alegre Aquino, mientras la defensora pública Nilsa Ávalos se encontraba comisionada a la ciudad de Asunción.
Posteriormente, en fecha 7 de febrero del año 2014, a través de la Resolución N.º 171/14, la misma resolvió designar al asesor contratado Abgdo. Sindulfo Alegre Aquino como defensor público interino de la ciudad de Vallemí hasta tanto se designen nuevos defensores públicos para dicha localidad, a partir de 1 de febrero hasta el 31 de diciembre del año 2014.
A su vez, por Resolución N.º 513/14 del 7 de mayo del año 2014 resolvió contratar a Cristhian David Figueroa con una asignación mensual de G. 6 millones en concepto de honorarios y en otro punto de la resolución estableció asignar al abogado Cristhian David Figueroa a cumplir funciones inherentes al titular de la Defensoría Pública de la ciudad de Filadelfia.
En fecha 2 de marzo del año 2016 se recepcionó en la sede de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción la nota N.º 112 de fecha 26 de febrero de 2016 por la cual el secretario general de la Corte Suprema de Justicia, abogado Alejandrino Cuevas Cáceres, informó a la Fiscalía que el abogado Lorenzo Ramón Vera Gamarra no fue designado como defensor público por la máxima instancia judicial que es la Corte Suprema de Justicia.
Cabe señalar que la atribución de designar a defensores públicos lo tiene la Corte Suprema de Justicia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 de la citada Ley Orgánica.
