Los fiscales Martín Cabrera y Josefina Aghemo ordenaron la detención del concejal del PLRA, a quien responsabilizan de 17 “comisionados fantasmas” de la UNA a la Municipalidad de Lambaré. Mendieta fue imputado por cobro indebido de honorarios y producción de documentos no auténticos.
Con respecto a María del Carmen Martínez, conocida como la comepapeles, la imputación menciona que hizo figurar a Umelio Darío González López y Enrique Cuevas Romero, dos caseros de la granja particular de Martínez, como funcionarios de la Facultad de Veterinaria, uno de ellos incluso con un rubro de profesor. Martínez fue imputada por apropiación y estafa.
Por otro lado, también fueron imputados por cobro indebido de honorarios los funcionarios Perla López Villalba, Nelson Édgar Benítez Ayala, Ramón Benítez González, Lizza Karina Lugo Rolón, José Daniel Chamsin y Diego Alberto Oviedo Samudio.
INVESTIGACIÓN. Las declaraciones del ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, y el director de Recursos Humanos de la Comuna, Mauro Palacios, sindican al concejal Mendieta como la persona que pidió el comisionamiento de 17 funcionarios de la UNA a la Municipalidad.
Palacios incluso contó que Mendieta le solicitó planillas de asistencia en blanco y que días después le trajo las mismas planillas totalmente llenas con las firmas de los funcionarios comisionados desde enero a setiembre.
Por otro lado, el documento del Ministerio Público señala que Diego Alberto Oviedo está comisionado de la UNA a la Municipalidad de San Lorenzo, pero en realidad en la Comuna no lo conocen y nunca fue a trabajar.
En la misma situación, pero en la Cámara de Diputados, se encuentran Perla López Villalba, Nelson Édgar Benítez Ayala y Ramón Benítez González, según la Fiscalía.
Asimismo, los fiscales señalan que Lizza Karina Lugo Rolón y José Chamsin Cáceres tienen rubros de profesores en Veterinaria, pero no cuentan con títulos académicos.
La Fiscalía pidió al juzgado que se mantenga la medida de prisión para Martínez –procesada en otra causa por presuntamente intentar destruir pruebas– y medidas alternativas para el resto de los imputados.