El fiscal Sánchez, de la Unidad Especializada contra el Contrabando, presentó ayer ante el juez penal de Garantías el acta de imputación de Alegre y dos administradores de la campaña de Alto Paraná por el PLRA en 2018, que son Pascual Benítez y Digno Moriz. Detalló que la expectativa de pena es de entre uno a cinco años para dos de los delitos, mientras que para otro es solo hasta tres años.
En el documento, Sánchez consideró a los tres como supuestos autores de los hechos punibles contra la prueba documental (producción y uso de documentos públicos de contenido falso) en el marco de una investigación por la presunta falsificación de una factura de la estación de servicios Catedral (Puma).
Asimismo, se solicita al juez, conforme el art. 245 del Código Procesal Penal, la aplicación de las siguientes medidas alternativas a la prisión preventiva: La obligación de presentarse periódicamente ante el Juez; prohibición de salir del país y la prestación de una caución real adecuada de G. 100 millones cada uno.
En febrero de este año el viceministro de Tributación, Óscar Orué, señaló que encontró inconsistencias en facturas denunciadas como clonadas en el PLRA que se usaron en campañas departamentales del 2018.
Indagaron con base en la presentación de varios denunciantes y su oficina inició el cruzamiento de las facturas que se emitían a favor del partido, en la mayoría de los casos por compra de combustibles en el interior del país, específicamente en Alto Paraná.
Sin embargo, cabe referir que la presente investigación se centra en una factura que llamó la atención, que es la 0030010008953 de julio de 2018 por un monto de G. 98 millones. La factura original habría tenido un valor de G. 100.000.
Posteriormente, el propio partido solicitó al TSJE que la factura sea excluida de la rendición de cuentas de la campaña electoral. Además, el titular del PLRA accionó contra los administradores de la campaña de Alto Paraná, Benítez y Moriz, quienes serían los responsables, según el partido.
En su defensa alegaban que ni el sistema Marangatu de Hacienda no había arrojado ningún reporte de anomalía.
SIN SUSTENTO. El abogado de Alegre, Guillermo Duarte Cacavelos, sostuvo que la imputación no tiene sustento jurídico. Para Alegre, la imputación incluso fue porque el fiscal Sánchez responde a la mafia y al cartismo.
“Esto que se presentó hoy (ayer) proviene de un fiscal quien unificaría esta causa con otras causas que están siendo investigadas en Delitos Económicos. Sabía que estaba en estudio la acumulación de los diferentes procesos que existen en investigación, uno de ellos precisamente que se inició como consecuencia de una denuncia del propio presidente del partido”, señaló Duarte Cacavelos.
Añadió que por los motivos expresados en la imputación descriptos nada más que en dos líneas, se dejó entrever que el documento fue elaborado rápidamente. “La imputación está descripta en dos líneas, ni siquiera un párrafo. El fiscal no explica por qué sospecha del presidente del PLRA, no da indicio ni instrucción que haya dado. Esto parece que se quiso preparar a las apuradas hoy”, denunció.
