Los imputados son Miguel Conrado Testti, Javier Villalba Alcaraz, Luis Enrique Cadogan, Luis Riveros, Elías Sócrates Vargas.
Mediante un comunicado supuestamente suscripto por cinco sindicatos de la Itaipú formularon la mencionada amenaza tras anunciarse la intención del Gobierno de establecer un tope a las remuneraciones del personal de las entidades binacionales.
En el caso de que prospere la intención, “no vamos a permitir la violación de nuestro contrato colectivo de trabajo, defendiendo los derechos genuinos de los trabajadores, recurriendo a todas las medidas legales que nos asisten y, de ser necesario, paralizar la hidroeléctrica,” señalaba parte de la nota dirigida a Ernst Bergen, director paraguayo de Itaipú.
El comunicado divulgado el 30 de marzo fue en nombre de Steibi, Sicae, Sise, Siconap y Sinditaipu, gremios sindicales que aglutinan a funcionarios de la Itaipú. Cuatro sindicatos no se plegaron al comunicado, estos son Sticcap Sichap, Sepeib, Sitraibi.
Los fiscales piden que se aplique a los imputados la medida cautelar de arresto domiciliario, “en atención a que los presuntos autores ejercen sus funciones en la central hidroeléctrica de la Itaipú Binacional con sede en Ciudad del Este, situación que amerita que ellos no se acerquen a dicho lugar y tampoco a la persona del director, cuya dirección tiene su sede en la capital de la República”.
También solicitan la prohibición de acercarse a la sede de la Itaipú tanto en Ciudad del Este como en Asunción y acercarse a la persona del director general paraguayo de la entidad, Ernst Bergen.
Los sindicatos de trabajadores de Itaipú emitieron otro comunicado el martes último justificando que la nota viralizada no tiene validez, ya que no fue aprobada ni autorizada por la asamblea y, por lo tanto, no representa la voluntad o decisión de los sindicatos, ni de sus asociados.
El comunicado indica que los sindicatos están convencidos de defender los intereses de sus asociados y están en todo su derecho de reclamar contra acciones que “atentan discriminatoriamente contra los derechos de los trabajadores”. “Las medidas que el Gobierno Nacional desee implementar de manera inconsulta, sin considerar las consecuencias (…), eventualmente, podría demandar a los sindicatos y sus asociados a recurrir a manifestaciones o medidas”, advirtieron.