Milciades Duré, exgobernador de Cordillera y diputado electo por el PLRA, sostuvo ayer que la Fiscalía lo imputó sin fundamentos por la compra de 5.000 hectáreas de tierras de la empresa San Agustín, por parte del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), y aseguró que el extitular del ente, Luis Ortigoza, sí tiene una responsabilidad penal debido a que él fue quien decidió pagar por el inmueble.
El flamante parlamentario por el PLRA, quien formó parte de la Junta Consultiva del Indert que autorizó la compra del polémico terreno, en su calidad de representante de los gobernadores, se abstuvo de declarar ayer ante la fiscala anticorrupción que lo investiga, Victoria Acuña.
“En este caso, la función y el rol de la Junta Consultiva son decir qué se puede comprar. Acelerar los trámites para pagar, decidir por cuál inmueble pagar -porque tenemos ahí autorizadas las compras de varios inmuebles-; es decisión del presidente de la institución y seguramente con la venia del Ejecutivo”, expresó ayer Duré cuando salía de la Fiscalía.
En ese sentido, aseguró que la Junta Consultiva dictaminó que se tenía que comprar el inmueble por una “necesidad social”, debido a que había casi 500 familias ocupando el terreno.
PRECIO. Duré también dijo que le pareció “razonable” el precio de G. 10.500.000 la hectárea por la ubicación del terreno. Al ser consultado si no le pareció llamativo que el precio se haya duplicado en menos de un mes, respondió que “el contenido de la tasación es responsabilidad de los peritos tasadores”.
“Nos pareció objetivamente justo el precio porque los dueños ofrecieron a tres mil dólares la hectárea y había una carta de aceptación del monto por parte de los dueños del inmueble, basada en un instrumento público (la tasación)”, explicó y aclaró que no “subieron” a la Junta los documentos que demostraban que el precio del inmueble se duplicó en un mes.
La Fiscalía lo imputó por autorizar, junto a otros dos miembros de la Junta, la compra del terreno por G. 60.000 millones, a pesar de una primera tasación que establecía el precio de G. 30.000 millones.
TRANSICIÓN PRESIDENCIAL
FISCALA ESPERA INFORME DE SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN
La fiscala Victoria Acuña señaló que ya solicitó a la Secretaría Nacional Anticorrupción el informe que elaboró sobre la compra de las tierras de San Agustín por parte del Indert. Esta institución concluyó que las tierras no eran aptas para la reforma agraria y adelantó que no pagará lo que aún se adeuda por ellas, aproximadamente 13.000 millones de guaraníes.
Sobre este punto, Duré aseguró que las tierras sí son aptas para que sean usufructuadas por los campesinos. En la causa están imputados el abogado Arnaldo Jara, la escribana Marta Roa, el extitular del Indert Luis Ortigoza -quien debe declarar hoy-, los peritos Mario Etcheverría y Víctor Luis Blanco, y los exmiembros de la Junta Consultiva del ente agrario Emmanuel Friedmann, Justo Gamarra y Milciades Duré.