A inicios de julio, 130 países reunidos en el marco inclusivo de la OCDE acordaron la implementación de un impuesto mínimo a las empresas transnacionales. Una semana más tarde, el G20 hizo lo mismo. En el G20 se congregan los países industrializados y algunas economías emergentes: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea.
El plan se centra en dos grandes directrices: imponer un gravamen global de al menos el 15% a las multinacionales y asignar a ciertas jurisdicciones un porcentaje de los beneficios de estas empresas, para que tributen donde operan, independientemente de si tienen una sede física o no. Estas decisiones se terminarán de aprobar en octubre en la próxima cumbre de la OCDE, por lo que todavía pueden generarse cambios, ya que países, como Estados Unidos, Francia, Argentina, entre otros, proponen una tasa mínima del 21% mientras que las organizaciones de la sociedad civil, 25%.
La tasa del 15% y la definición del monto de facturación de las empresas multinacionales hacen que la mayoría de los países del mundo —incluyendo Paraguay— no se beneficien mayormente de esta medida, dirigida fundamentalmente a eliminar los paraísos fiscales que operan en la Unión Europea, como Irlanda, Países Bajos, Hungría o Estonia. Paraguay tiene la oportunidad de acompañar el posicionamiento de los países que solicitan una tasa mayor de manera que estas empresas dejen mayores beneficios. Hay que tener en cuenta que estamos aumentando la infraestructura que beneficia en particular a estas corporaciones. Gran parte de ellas se financian con deuda que tarde o temprano será pagada por los paraguayos con sus recursos y a costa de su propio beneficio, ya que los fondos que se destinan a estas obras son los que no van hacia la inversión en capital humano.
No hay que olvidar que Paraguay es uno de los países de menor inversión en salud y educación en la región y entre los países de ingreso medio-alto. Esta baja prioridad fiscal se traduce en bajas coberturas, la persistencia de una población excluida de los sistemas de salud y educación, la falta de medicamentos, niveles mínimos de logros educativos. El mejor incentivo a la inversión extranjera es contar con una fuerza de trabajo con altas competencias educativas, además de la seguridad jurídica y otros servicios de calidad. Para lograr esto debe contar con recursos. Estos recursos existen, pero con la actual arquitectura financiera son acumulados por pocas corporaciones internacionales dejando a los países sin ellos. Las medidas que se están discutiendo a nivel internacional buscan iniciar un corte, pero son insuficientes.
Paraguay requiere aumentar su productividad para insertarse en un mundo globalizado altamente competitivo. Esta inserción debe beneficiar a toda la población y no solo a las grandes corporaciones multinacionales o a una proporción mínima de la población que puede financiarse su salud y educación privada. El debate que se está dando a nivel mundial acerca del rol del sistema tributario en el desarrollo se aplica también a nivel nacional. No podemos permanecer al margen.