Se trata de la propuesta de establecer zonas francas en una superficie de hasta 15 kilómetros desde las fronteras. Este planteamiento, de prosperar, incentivará aún más el contrabando, reducirá los ingresos del Fisco y contradice a los esfuerzos de formalización y equidad tributaria que se venían implementando en los últimos meses, aseveró.
Giménez consideró que es difícil que esta propuesta se concrete, debido principalmente a que es inviable la extensión que se quiere dar a las zonas francas y no se están midiendo las consecuencias. Aseguró que la postura del CIP es compartida por todo el empresariado paraguayo (salvo algunos grupos de Ciudad del Este) y que están en conversaciones con las autoridades nacionales para evitar que la iniciativa siga su curso.
“No veo que el Gobierno tenga que aceptar una propuesta como esta porque es inviable en el aspecto tributario. Hicimos la reforma tributaria con el objetivo de aumentar los impuestos, a fin de cubrir las necesidades a nivel país. Si hicimos esa reforma, trabajamos en ese producto, hoy salimos con que hay empresas que están pretendiendo en Ciudad del Este disminuir nuevamente a niveles alarmantes la parte tributaria, bajo el pretexto de que el duty free de Brasil puede afectar la actividad comercial de Ciudad del Este”, expresó.
Recordó además que las zonas de frontera en Paraguay no cuentan con los sistemas de control de los que disponen otros países, lo que dificulta aún más la aplicación de la medida propuesta. “En países serios, tienen bien delimitadas sus zonas francas, están cubiertas con murallas u otras áreas de protección y cuidado para que las mercaderías no puedan salir, y realmente tributen y paguen los impuestos establecidos”, exclamó.
Informó que los senadores que están impulsando este proyecto son Enrique Bacchetta (ANR), Georgia Arrúa (PPQ), Juan Bartolomé Ramírez (PLRA), Abel González (PLRA), Arnaldo Franco (ANR) y Zulma Gómez (PLRA).
Entre algunas ventajas arancelarias e impositivas que se pretenden otorgar a los empresarios de frontera, a través de la iniciativa legislativa en cuestión, el presidente del CIP mencionó al arancel aduanero único de 2%, mientras que los aranceles vigentes actualmente rondan el 10% y el 20%; un impuesto a la renta de 0,5%, cuando la población en general está pagando 10%; un impuesto selectivo al consumo también de 0,5%, muy inferior al 3% en adelante que se tributa por los productos; y un impuesto al valor agregado (IVA) de 1%.
“Están buscando un privilegio que no puede existir en el país, hay una inequidad muy grande en el campo comercial, eso no puede ser”, concluyó el titular del CIP.
La actividad de reexportación inició el 2020 con números alentadores, ya que los ingresos sumaron USD 338,6 millones y aumentaron 27,9% en enero, respecto al mismo mes del 2019, según el último informe de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP).
