28 may. 2025

Imedic y Eurotec niegan tentativa de estafa con insumos

Fachada. La empresa Imedic SA, cuyos directivos están procesados por la Justicia.

Fachada. La empresa Imedic SA, cuyos directivos están procesados por la Justicia.

Asesores legales de la firma Imedic SA y Eurotec SA, a las que se les rescindió el contrato relacionado con la adquisición de insumos y camas para usar en la pandemia de Covid-19, alegaron que no hay ni hubo intención de engañar ni daño patrimonial en sus acciones. “No puede haber tentativa de engañar por parte de una contratista cuando las mercaderías que provee deben pasar necesariamente por el filtro de control de la contratante, que tiene la potestad de rechazar y o aceptar los bienes previa inspección técnica”.

Destacan que “Imedic SA y Eurotec SA presentaron pólizas que cubrían íntegramente el valor del anticipo otorgado y además garantizaban una millonaria compensación al Estado paraguayo en caso de rescisión contractual”, explicaron en una misiva remitida a nuestro diario.

Agregaron que los bienes en cuestión (medicamentos) no fueron rechazados por cuestiones de calidad, sino, “como dijo el propio Ministerio de Salud Pública, por razones formales que nada tienen que ver con la utilidad de los insumos para la lucha contra el Covid-19”.

Señalan que atendiendo la imposibilidad real de cumplir “con cierta burocracia documental en plena sobresaturación global”, no debió frustrarse la provisión de insumos.

Con respecto a una editorial de ÚH donde se critican algunos productos, como las mascarillas filtrantes, que “son del mismo tipo que el Ministerio de Salud viene recibiendo como donativos de diversas instituciones privadas, países amigos, entes binacionales y las pone a disposición del personal de blanco”.

Remarcan que los tapabocas filtrantes del tipo KN95 eran y son aptos para su uso en tareas médicas y de servicios relacionados con el combate al Covid. “Lo mismo pasa con las batas, camas y otros bienes del cargamento rechazado”, indicaron. Alegan que incluso no se aceptaron por una presunta influencia abierta de su competencia comercial “infiltrada” en la cartera sanitaria.

Destaca que si “cada rechazo emitido por una contratante equivaliera a imputación de la contratista por estafa, muy pocos oferentes correrían el riesgo de competir privando al Estado de su derecho a elegir la mejor oferta posible”.