De esta manera, los ministros Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera destrabaron el caso, de modo a que ahora, la fiscala general podrá estudiar las recusaciones a sus fiscales adjuntos.
La presidente de la firma, Patricia Ferreira, a través del abogado Enrique Damián Cárdenas, presentó recusación contra Quiñónez y contra 16 fiscales adjuntos, con lo que el caso pasó a la Sala Penal de la Corte.
No obstante, los ministros aclararon en su resolución que por acción de inconstitucionalidad, habían dispuesto que la Sala Penal no era competente para estudiar las recusaciones, salvo la del titular del Ministerio Público.
Al analizar el escrito de recusación, dicen los ministros que el recusante solo se limita a criticar exclusivamente las actuaciones del fiscal Marcelo Pecci, con lo que no fundamenta las recusaciones contra los demás.
Con ello, los ministros rechazan la recusación contra Quiñónez y se declaran sin competencia para las demás.