El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dio a conocer hoy sus conclusiones sobre el reciente examen a México, en las que señala que “la información recibida ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.
“El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que afronta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”.
Durante la evaluación del caso de México, los días 2 y 3 de este mes, el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala (Guerrero), surgió en varios momentos de la conversación, y los relatores hicieron hincapié en que era un caso muy emblemático y un ejemplo de un problema que, lamentablemente, es mayor.
“El Comité se muestra preocupado por la impunidad respecto de los numerosos casos denunciados por desaparición forzada, que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito”.
Asimismo, los expertos “observan con preocupación los numerosos informes que dan cuenta de las serias dificultades que existen en la práctica en materia de búsqueda de personas desaparecidas e identificación de restos y, en particular, que la búsqueda de las personas desaparecidas no siempre se inicia de forma inmediata”.
En un documento de diez páginas, el Comité relata todos los aspectos que México no cumple de la Convención o lo hace de forma parcial.
Uno de los más preocupantes y que fue reiteradamente mencionado durante el examen es el hecho de que México aún no ha reconocido la competencia del Comité para recibir y examinar denuncias presentadas por individuos.
“El Comité alienta enérgicamente al Estado parte a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales”, señala el texto.
Otro de los asuntos destacados durante el diálogo fue el hecho de que las distintas jurisdicciones estatales en México presentan desiguales niveles de cumplimiento de las obligaciones que establece la Convención.
“El Comité recomienda que el Estado parte adopte las medidas necesarias para asegurar que, tanto a nivel federal como estatal, la legislación y la práctica se ajusten plenamente a las obligaciones consagradas en la Convención”.
Asimismo, las conclusiones recogen la queja expresada en el diálogo interactivo de que México no cuente con un registro nacional sobre desapariciones forzadas, “lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad”.
“El Estado parte debería adoptar las medidas necesarias a fin de contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas públicas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante”.
Los expertos del Comité solicitan, además, que la legislación prevea específicamente la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos.
Otro aspecto que piden a México es redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir e investigar las desapariciones de migrantes, incluidos niños.
