Venezuela adeuda a varias aerolíneas más de 3.800 millones de dólares desde hace tres años, un contencioso que persiste en el tiempo y que hasta ahora no se ha podido solucionar.
Las aerolíneas no quieren dejar de volar a Venezuela, pero insisten en que se les pague lo que se les adeuda, por lo que han decidido intentar ponerse de acuerdo sobre la estrategia a seguir.
Para ello, necesitan autorización del Gobierno de Estados Unidos que, según su la ley antimonopolio, no permite que las aerolíneas conversen para coordinarse ente sí, en aras a evitar posibles casos de monopolio que perjudiquen al consumidor.
“Tras años de lucha de la IATA y de sus miembros, el Gobierno venezolano sigue sin ofrecer soluciones. Por ello, solicitamos al gobierno de Estados Unidos que apruebe la inmunidad antimonopolio con el fin de impulsar medidas que no pongan en riesgo la conectividad mientras continúa el bloqueo”, reza el comunicado de la entidad.
“Instamos al Gobierno de Estados Unidos a que apruebe sin demora la inmunidad para las aerolíneas con el fin de impulsar soluciones que mantengan la conectividad aérea en Venezuela. Esto ayudaría a la economía venezolana y a su gente”, insiste en el comunicado, Alexandre de Juniac, consejero delegado de la IATA.
La entidad explica que su estrategia pasa por defender los intereses de las aerolíneas pero evitando al mismo tiempo que Venezuela pierda más conectividad.
“La situación en Venezuela es grave y lo será aún más si las aerolíneas no son capaces de mantener la conectividad mientras sus fondos siguen bloqueados”, agrega Juniac.
En Venezuela rige un control de cambio que deja en manos del Estado la compraventa de dólares.
Las compañías aéreas quieren cambiar a dólares los ingresos que generan por la venta de billetes en Venezuela, pero necesitan la autorización oficial y la liberación de dólares.
En 2013, el número de autorizaciones no alcanzó el total de operaciones de repatriación pendientes y los fondos retenidos empezaron a acumularse en Venezuela.
La situación empeoró en 2015, cuando el Gobierno aprobó una única solicitud de repatriación.
En lo que va de 2016, el gobierno todavía no ha realizado ninguna autorización.
“La negativa de Venezuela a repatriar los fondos de las aerolíneas viola los tratados internacionales de los que este país es signatario, como las disposiciones de los tratados de inversión bilaterales que exigen la inmediata repatriación de los ingresos al país de origen de las compañías aéreas”, denuncia la organización.
Esta situación de impagos, de acuerdos no aplicados o directamente de falta de diálogo ha obligado a las aerolíneas a reducir considerablemente su capacidad, bien disminuyendo el número de vuelos o bien usando aeronaves con menos asientos.
“Ahora, más que nunca, Venezuela necesita una gran conectividad aérea que contribuya a su recuperación económica. Sin embargo, las aerolíneas se ven forzadas a reducir sus servicios ante la negativa del gobierno a devolver la deuda”, concluye el texto.
