Con las intervenciones del fiscal de la Unidad Anticorrupción Arnaldo Giuzzio queda al desnudo una realidad que hace tiempo es vox populi y que cada cierto tiempo sale a luz: la sustracción de fármacos, instrumentales y equipos diversos es una rutina en el Hospital Central del IPS.
Lo llamativo –si algo que pueda ser rotulado con ese calificativo queda todavía en un país donde los sinvergüenzas actúan en pleno día, a cara descubierta– es que la red delictiva se mueve amparada por la complicidad colectiva. La falta de coraje cívico de los que conocen los hechos, pero callan por cobardía, alienta a los delincuentes.
Los sindicatos de trabajadores, tan diligentes para reclamar sus derechos a costa de la suspensión de servicios a los asegurados, no han dado nunca datos concretos acerca de este tipo de situaciones.
Apoderarse de productos caros a los que pocos funcionarios tienen acceso exige una ingeniería perversa que necesariamente debe contar con una red operativa de varias aristas. Los responsables y controladores de las diversas áreas, así como sus respectivos jefes, debieron estar al tanto de lo que estaba ocurriendo. Y si no sabían lo que sucedía son culpables por omisión.
Al traficar al margen de la institución remedios de alta especificidad que estaban destinados a atender la salud de los asegurados y derivarlos a otros destinos, los autores han cometido un grave atentado en contra de lo más sagrado del ser humano: la vida.
Los reducidores –aquellos que compran lo sustraído– completan la cadena de la podredumbre. A sabiendas de que comercializan mercancías del IPS, sirven de nexo para colocar los productos en el circuito de la oferta y la demanda. Si se hurga en el listado de compradores, es posible que se encuentren todavía grandes sorpresas.
Lo que emerge ahora a la superficie solo es la punta del dilatado, profundo y complejo iceberg de la corrupción.
Es necesario, por ello, que las averiguaciones se profundicen para desenmascarar a los que se apoderan de bienes que pertenecen a los aportantes del seguro social. Deben llegar hasta el fondo y dar a conocer la identidad de todos los que, aprovechándose de su posición y sus contactos, han traicionado la confianza que se depositó en ellos.
Por otro lado, el IPS debe evaluar el funcionamiento de sus mecanismos de seguridad para adoptar medidas eficaces. Por ahora, los que se enriquecen a sus costillas se calmarán. Luego volverán a las andadas, para desangrar todavía más a la ya muy golpeada institución pública.