La ley crea el Sinai compuesto por un Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) y una Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) dependientes de la Presidencia, según el decreto publicado el 18 de diciembre y disponible desde este miércoles al público en la web.
El Sinai contará con la participación del Ministerio del Interior, el de Defensa, la Secretaría Nacional Antidrogas (Seand) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Sprelad) para “recolectar y procesar información de todos los ámbitos del nivel nacional e internacional”.
El Sinai elaborará “informes periódicos de inteligencia, de carácter secreto”, que se remitirán al presidente de la República y a los ministerios u organismos que este determine, según la ley.
Su cometido será también detectar, neutralizar y contrarrestar las actividades de inteligencia desarrolladas por grupos nacionales o extranjeros, o sus agentes, que estén dirigidas contra la paz y seguridad del Estado, sus autoridades, la defensa nacional o el régimen democrático.
“Con el objetivo de garantizar la paz y seguridad del Estado, proteger la soberanía nacional, preservar el orden constitucional y el régimen democrático vigente”, asegura el texto.
El Consejo Nacional de Inteligencia tendrá carácter asesor dentro del Sinai y tendrá sesiones ordinarias al menos una vez cada dos meses, y extraordinariamente, las veces que sea convocado por el secretario Nacional de Inteligencia.
A sus reuniones podrán asistir otros funcionarios o especialistas relacionados con los temas a ser deliberados, quienes tendrán la obligación de guardar secreto sobre lo discutido en la sesión, según la ley.
La Secretaría Nacional de Inteligencia tendrá que abrir a concurso las plazas de funcionarios pero la ley la exime de divulgar la nómina de trabajadores que realicen actividades de inteligencia.
Además el personal de la SNI a partir de su nombramiento “no podrá participar en actividades políticas partidarias”.
Cartes aún no ha anunciado quien será el titular del nuevo organismo.
Las principales amenazas de seguridad interna que persiguen las autoridades paraguayas son el narcotráfico y el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Paraguay es el principal productor de marihuana de Suramérica y zona de tránsito de cocaína hacia Europa, Argentina y Brasil, según la Secretaría Antidrogas.
El Gobierno mantiene desplegado un contingente de policías y militares en la zona norte del país en busca del grupo guerrillero al que atribuye 38 asesinatos, entre civiles, militares y policías desde su aparición, en 2008.
Además el EPP mantiene secuestrados al brasileño Arlan Fick, de 17 años, desde el pasado 2 de abril y al policía paraguayo Edelio Morínigo, de 24, desde el pasado 5 de julio.
