En un monitoreo de locales comerciales durante dos semanas que realizó la Dirección del Medio Ambiente de la Municipalidad de Hernandarias detectó el incumplimiento, en algunos locales, del protocolo sanitario para prevenir el Covid-19, que estableció el Poder Ejecutivo. El 50% cumple estrictamente; el resto a medias, según la licenciada Alice Jiménez, directora.
“Verificamos 111 locales, entre comerciales, gastronómicos y recreación. Tenemos muchos casos positivos. A modo de mitigar los contagios se estableció un plan de acción, que consistió primero en la entrega de productos de desinfección en los domicilios y la desinfección de locales públicos. La segunda etapa son los controles”, afirmó.
La principal infracción es la renuencia en el uso de las mascarillas, que son obligatorias por ley. “El principal problema es el uso de tapabocas. Algunos locales permiten el ingreso de los clientes sin las mascarillas o los propios funcionarios no lo están utilizando; otros no cuentan con alcohol o lavatorio. La excusa es que los clientes se rehúsan, pero la responsabilidad es de los propietarios o administradores”.
La Dirección del Medio Ambiente labró acta de las intervenciones y notificó a los que están en infracción. En caso de reincidencia, el local comercial, gastronómico o de espacios recreativos puede ser clausurado por diez días, y si vuelven a reincidir, el cierre es definitivo, conforme a la disposición legal establecida por la pandemia.
Los controles se realizan en el turno mañana, tarde y noche con funcionarios del Ministerio de Salud Pública y la Policía Nacional, y abarcaron también a 11 instituciones educativas públicas y privadas del distrito. “En los centros educativos, gimnasio y farmacias el cumplimiento es estricto. Las irregularidades se detectaron más en comercios de otro rubro”.
Los casos de intervención fueron derivados al Juzgado de Faltas Municipales, que deberá establecer la multa, entre ellas la falta de uso de tapabocas, que es de dos jornales mínimos.
GOLPEADO. El distrito de Hernandarias es uno de los más golpeados en el Alto Paraná por la pandemia, atendiendo a los casos graves registrados que enlutaron varias familias y causaron serios perjuicios económicos a las víctimas.
Uno de los casos más sonados es el de Cayo Ramón Franco, cuya familia sorteó un automóvil para costear un gasto de G. 110 millones por la internación en la Unidad de Terapia Intensiva en un centro privado. El ganador Cristhian Vera renunció al premio y gracias a eso la familia recuperó su vehículo.
En otros casos se registraron la pérdida de hasta cuatro miembros de una familia y otros de dos miembros.
