Los principales directivos de la compañía vienen supuestamente negociando hace un tiempo con interesados en adquirir la planta para reiniciar la producción de azúcar, pese a que la situación de la fábrica se presenta complicada debido al pasivo de alrededor de 80 millones de dólares que arrastra, además de tener como garantía de una fiducia el 70 por ciento de la instalación fabril.
De acuerdo con los informes recibidos, el próximo lunes ya se tendrá con mayor certeza el avance de las negociaciones para concretar la venta en base a un acuerdo con los acreedores y la fiducia. Por lo menos, adelantaron que “habrá novedades”.
AUXILIO. En otro orden, en paralelo a estas negociaciones para salvar a la empresa y evitar su liquidación, en el Parlamento continúa a tambor batiente el tratamiento del cuestionado proyecto de ley de “Regularización Financiera de los Productores de Caña Dulce del Departamento del Guairá”, que promueve el Poder Ejecutivo.
La legislación pone en riesgo G. 15.000 millones de los recursos públicos, a fin de proceder al pago de la deuda que tiene la azucarera en cuestión con obreros, cañeros y transportistas correspondiente al año 2013.
Diputados aprobó con modificaciones el texto que había autorizado la Cámara de Senadores, razón por la cual se deberá esperar por la sanción.
No obstante, ambas cámaras ya aprobaron el desembolso de la citada suma, en carácter de subrogación de los créditos de la deuda de la empresa. Es decir, el Estado compra la deuda de la azucarera y se convierte en acreedor privilegiado, según el proyecto, para recuperar el monto y sus intereses, en caso de liquidación de la empresa.
Para referentes de la oposición y del sector industrial y empresarial, no corresponde esta intervención del Estado en una cuestión privada bajo el argumento de “responsabilidad social” con los cañeros y obreros de Iturbe.