La cuestionada fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, fenece su mandato el 10 de marzo, posterior a las internas partidarias y vísperas de las presidenciales.
Una primera maniobra que está a la puerta de las negociaciones es que incluyeron en el orden del día el tratamiento de nada menos que 40 ternas con la excusa de que están atrasados. Esto puede implicar que no les dé el tiempo y postergar para otra sesión ganando tiempo de esa manera.
Si esto ocurre, el estudio del reglamento para el proceso de elección del futuro fiscal general del Estado quedará también en stand by. La jugada es dilatar al máximo hasta después de las internas coloradas de diciembre esperando que cambie el tablero político con los resultados.
El reglamento contemplará la puntuación, los títulos deben estar legalizados, de especialización deben ser reconocidos por el Ministerio de Educación. Además el debate sobre la inclusión de la formación en la Escuela Judicial, y didáctica universitaria que debe tener puntos. El futuro fiscal debe tener capacidad técnica, política y de gestión. Debió ocupar cargo de alta gerencia en el Estado.
Justamente una de las causales del juicio político contra Quiñónez fue que su mala ejecución presupuestaria.
composición de fuerzas. El Consejo de la Magistratura es la pieza clave para iniciar el proceso para la Fiscalía. La oposición y el oficialismo quieren que inicie el proceso. Mientras que el cartismo apuesta a dilatar y esperar resultado de las internas.
Jorge Bogarín tiene afinidad con el sector de Horacio Cartes. En tanto Mónica Seifart es un voto del Poder Ejecutivo.
Durante la última sesión, el nuevo miembro Gustavo Miranda (representante de las facultades de Derecho de la UNA) votó en el mismo sentido que el senador Pedro Santacruz, principal promotor de que inicie el proceso.
La posición de Miranda generó ronchas principalmente con Bogarín quien esperaba que se alinee en su mismo sentido.
El abogado Óscar Paciello (gremio abogados) suele apoyar a Santacruz y Seifart.
En tanto César Ruffinelli (universidades privadas) suele acompañar la postura de Bogarín. Sin embargo, en la última sesión apoyó el adelantamiento del proceso.
En tanto el diputado Roberto González suele estar en conversaciones con Bogarín aunque sigue formando parte del sector oficialista.
El último voto es del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, cuya postura siempre se mantiene en la línea institucional.
De acuerdo a las versiones que circulan en el ámbito político es que la idea del cartismo es lograr extender al máximo este proceso para luego de las internas coloradas. Inclusive, jugando con la posibilidad de la reconducción tácita de Sandra Quiñónez.
El sector político de Honor Colorado está inclinando la balanza para alcanzar las internas con la idea de que su precandidato presidencial Santiago Peña sea el candidato electo y de esa manera cambiar el tablero político para someter a sus decisiones al presidente Mario Abdo con miras a lograr una cohesión para las presidenciales.
las maniobras
Dilación. Quieren definir primero 40 ternas que tienen a mano y luego tratar tema Fiscalía.
Reglamento. Quieren dilatar el estudio del reglamento entonces se postergará el tratamiento y llevar al máximo tiempo cercano a las internas.
Cartismo. El sector que protege a Sandra Quiñónez está apostando a extender todo lo posible para tener el control.
Oposición y oficialismo. Ambos referentes quieren que avance el proceso para evitar contaminar con las internas.