En Honor Colorado no terminan de ponerse de acuerdo con la posición de bancada en torno al proyecto de ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Hoy, a las 08:30, habrá reunión de bancada para tomar una postura, pero por el momento la coincidencia está en una nueva postergación.
El senador cartista Derlis Maidana adelantó que su postura particular es aprobar la ley según el dictamen de la comisión que preside, que es Legislación, y que esa posición llevará a la reunión de bancada, donde hay muchas diferencias sobre el tema.
Para Maidana, el proyecto debe ser aprobado sin modificaciones sustanciales, acorde con el dictamen de Derechos Humanos, de mantener la protección a los defensores y de conservar la autarquía del mecanismo que crea la ley. Mientras que varios miembros de Honor Colorado quieren que la norma sea solo para periodistas.
Maidana reconoce que la ley responde a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que, si no se aprueba como está, se estaría incumpliendo.
Manifestó que este será el argumento que va a compartir en la bancada cartista, que tendrá la última palabra. “Creo que va a primar la cordura”, señaló.
Otra posición contraria a lo establecido por el proyecto proviene del Ministerio de Economía, que envió representantes durante la reunión de Legislación ayer y argumentó que está en contra de que el mecanismo de protección creado por la ley sea autárquico.
Según indicaron, se crea una burocracia innecesaria que haría que el presupuesto sea menor para la función misional del mecanismo, por lo que sugirieron, aunque no de forma clara, que forme parte de una institución existente.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) rechazó totalmente la postura del MEF, ya que si el mecanismo no es autárquico, no tendrá peso político ni institucional, es decir, no habría en la práctica una obligación para cumplir con los procesos de protección. De hecho, es lo que sucede actualmente, debido a que no hay un ente que obligue a activar las acciones para resguardar a los trabajadores de prensa que estén en riesgo.
El proyecto. El proyecto tiene 41 artículos. El objetivo es cuidar la seguridad de periodistas y defensores en un contexto de riesgo. También se apunta a contar con una respuesta institucional frente a la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos.
El artículo 4 plantea la creación de un mecanismo nacional de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, como un ente autárquico, con personería jurídica, derecho público, para el cumplimiento de obligaciones, además de recursos propios.
El ente deberá contar con una comisión de protección, que será la máxima autoridad, y una secretaría ejecutiva, como el órgano técnico.
Violencia. La normativa surge en el marco del contexto de inseguridad para el ejercicio del periodismo, que desde 1991, tras la muerte de Santiago Leguizamón, suman a la fecha 21 periodistas asesinados y más de 600 casos de agresión.
En los últimos días, tres periodistas fueron atacados, dos de ellos con balaceras contra sus viviendas, en Lambaré.
“Acá no hablamos de ningún privilegio, sino del riesgo que genera o la violencia que se genera contra un periodista por informar”, expresó Santiago Ortiz del SPP.
Voy a pedir en bancada la aprobación, como dice la sentencia de la Corte. Creo que va a primar la cordura.
Derlis Maidana, senador cartista.
Habría postura mayoritaría para excluir a los defensores
Es conflictivo incluir a personas defensoras de derechos humanos, es lo que sostiene el senador Natalicio Chase, líder de bancada de Honor Colorado, al señalar que su postura es sacar de la ley a este sector.
Esta posición es la mayoritaria entre los cartistas y también entre los liberocartistas.
Para Chase, cualquier persona puede ser defensora, y eso es un problema debido al alcance. “La parte de periodistas no hay inconveniente, pero con las personas defensoras de derechos humanos se amplía demasiado”, apuntó.
Por su parte, días atrás, el presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, atacó el aspecto constitucional de la ley, mientras que Dionisio Amarilla, senador liberocartista, alegó que la norma sería un privilegio.
La normativa ya fue postergada por dos semanas y hoy volvería a retrasarse su estudio en el pleno.
Bachi subrayó que las instituciones existentes son suficientes para hacerse cargo de la violencia, las amenazas y los atentados contra periodistas. Sin embargo, el secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), Santiago Ortiz, afirma que no existe protección adecuada actualmente. “Es insuficiente, no hay protección real al ejercicio del periodismo y libertad de expresión”, aseguró.
Ortiz explicó que el proyecto no es inconstitucional, ya que el principio de que las personas son iguales ante la ley habla de la protección ante las desigualdades injustas.
Por otro lado, el oficialismo se comprometió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a impulsar la ley de protección, tras la condena al Estado paraguayo por el asesinato de Santiago Leguizamón. “El Gobierno incumple su obligación internacional”, recordó Ortiz.
Bachi comentó que podría optar por el proyecto chileno, que es similar, pero no incluye a personas defensoras ni crea un mecanismo, por lo que quedó trabado en el primer trámite en el Congreso de ese país. El titular del Congreso alegó que no se cumpliría la sentencia, bajo el argumento del principio de soberanía.
Cabe recordar que el Gobierno actual impulsó la candidatura de Diego Moreno como juez de la Corte IDH.
