Entre los personajes involucrados en el escándalo de la corrupción judicial hay algunos que contaban con antecedentes algo siniestros, como González Daher y Oviedo Matto. Otros son oportunistas e inescrupulosos como el secretario Raúl Fernández Lippmann. Y también hay fiscales sumisas y funcionales al poder como Raquel Fernández. Ninguno de ellos puede lamentarse de que el problema en el que están metidos haya afectado su imagen, pues ya la tenían deteriorada antes que se descubrieran los audios. Estos solo comprueban la existencia de hechos largamente sospechados.
Lo que sorprende es que en ese lodazal aparezcan personas que disfrutaban de un aura de respetabilidad. Es el caso del abogado Carmelo Caballero. Como otras personas, quedé asombrado al escuchar su voz en diálogos procaces con Fernández Lippmann en los que se referían a litigantes, fiscales y políticos y decidían el rumbo de sus juicios. Las risas y felicitaciones mutuas de esos interlocutores golpean de modo distinto. Al avivado secretario del Jurado de Enjuiciamiento no lo conocía nadie. Carmelo Caballero era una figura pública que parecía alejada de estos entuertos de los bajos fondos tribunalicios.
Estamos hablando de un ex ministro, catedrático, profesional del derecho, con experiencia en la carrera judicial y cuyo nombre era barajado para cargos como el Tribunal de Justicia Electoral o la Contraloría. Ahora nos enteramos de que Carmelo Caballero, desde el yate del poderoso gerente José Ortiz, tramaba imputaciones y apoyos políticos en la confabulación que terminó mal el 31 de marzo.
Algunos, menos desconcertados que yo, reaccionaron con energía. El abogado Caballero está imputado y con pedido de prisión domiciliaria; se ha solicitado su expulsión del PLRA y el Colegio de Abogados vería con agrado que le casen la matrícula. Siendo así, me parece lógico que haya gente que lo relacione con la desaparición de un video clave para el esclarecimiento de la masacre de Curuguaty.
La Policía filmó el enfrentamiento desde un helicóptero Robinson que contaba con dos cámaras de alta potencia. Es un equipamiento fundamental que sirve como garantía para evitar abusos y que remite las imágenes a una base de datos en tierra. El 20 de junio de 2012, poco después de los acontecimientos, el comisario Roque Fleitas contaba a Radio Nandutí que había “mucho material grabado”. Dos días más tarde Carmelo Caballero asumía como ministro del Interior de Federico Franco. Unos meses después se anunciaba que la grabación había tenido problemas técnicos y ya no existía.
El juicio de Curuguaty fue una vergüenza internacional y debería ser anulado. Hay compatriotas presos por ese caso. Conociendo hoy la verdadera cara de Carmelo Caballero, creo que es lícito el derecho a la duda. Ese video tenía revelaciones que se ocultaron por orden del poder político. La verdad, temprano o tarde, debe ser conocida.