La empresa fue contratada por el Consejo Local de Salud con aporte económico de la Municipalidad, a cargo del liberal Teodosio Gómez Ibáñez.
Rolando Amarilla Servián, ex auditor de la Contraloría General de la República (CGR) involucrado años atrás en un escandaloso caso de coima, es el propietario de la firma.
El contrato para el inicio de la obra se firmó el 10 de abril del 2021. El documento que estipula un monto de G. 475 millones lleva las firmas de Rolando Amarilla y del presidente del Consejo Local de Salud, José Torres.
El 15 de abril del 2021, por Resolución N° 1104, el intendente de Villeta autorizó a la Dirección de Administración y Finanzas un aporte al Consejo de Salud por la suma de G. 300 millones, para cubrir gastos de la construcción del pabellón de contingencia. Ese mismo día la Comuna transfirió el dinero, de acuerdo con documentos a los que accedió ÚH.
La obra fue inaugurada con bombos y platillos por el jefe comunal, quien es cliente fiel del ex auditor de la CGR.
La empresa, que fija domicilio en Itauguá, no tiene como actividad la construcción de obras, según se puede verificar en el portal de la Dirección de Contrataciones Públicas.
Figura como proveedor en las categorías de útiles de oficina, productos de papel, cartón e impresos; productos alimenticios; materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, plásticos, cauchos, repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas. Sin embargo, es contratada para realizar obras de construcción, de acuerdo con el historial de licitaciones adjudicadas que se puede observar en el portal de Contrataciones.
CLIENTE FIEL
Su principal cliente es, justamente, la Municipalidad de Villeta. Con la administración del otra vez electo intendente Teodosio Gómez, San Expedito Consultora tiene contratos desde el año 2015 que suman más de G. 6.500 millones.
La Comuna adjudicó a la firma del ex funcionario de la Contraloría casi siempre en uso del procedimiento de contratación directa.
LA COIMA
Corría el año 2011. El ahora próspero proveedor del Estado, Rolando Amarilla, se desempeñaba entonces como auditor de la Contraloría General de la República.
Fue el 20 de mayo cuando su nombre tomó estado público. Había sido detenido y esposado frente a cámaras, tras cobrar una coima de G. 60 millones, en un operativo que estuvo encabezado por el entonces fiscal y ahora ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.
La coima solicitada a la entonces directora del ex Inpro (actualmente Senadis), Luz Bella González, era para supuestamente blanquearla en una auditoría a su gestión.
Según los antecedentes del caso, Amarilla estuvo imputado por extorsión y cohecho pasivo agravado. Como en su declaración ante el Ministerio Público involucró a sus jefes y otros funcionarios, consiguió una medida leve, la prisión domiciliaria.
