Durante el estudio del PGN vigente para el 2019, los congresistas habían aprobado aumentos salariales a unos 2.123 funcionarios públicos a través de la inclusión de recategorizaciones, violando la Ley de la Función Pública, que exige un previo concurso al funcionario para que este pueda mejorar su categoría, y por ende su salario.
En el tratamiento del proyecto del PGN para el 2020 –hoy ya sancionado–, los senadores volvieron a incorporar esos mismos aumentazos, pese a que el Ministerio de Hacienda se rehusó este año a pagar los incrementos salariales, liquidando el sueldo de los más de 2.100 beneficiarios con base en la planilla de salarios del 2018.
El viceministro de Administración Financiera, Óscar Llamosas, adelantó que el Ministerio de Hacienda tiene una posición clara respecto a los aumentazos concedidos por los congresistas dentro del Presupuesto del 2019, y expresó que en esa misma línea se mantendrán el próximo año.
“Para nosotros está claro que, independientemente a lo que se apruebe en el anexo de personal –que es un anexo innominado–; para que las máximas autoridades de cada entidad asignen una categoría diferente a la que tenía el funcionario, está la Ley de Función Pública, que claramente dice que tiene que ser vía concurso. Si la entidad no nos certifica que ese funcionario accederá a una categoría superior a la que tenía este año; si no tiene ningún asidero legal, no aplicaremos los aumentos dentro del sistema y vamos a seguir con nuestra posición”, reiteró el subsecretario.
El impacto que tiene ese aumento salarial otorgado por los legisladores de manera ilegal dentro del Plan de Gasto de la Nación es de unos G. 15.000 millones, dijo Llamosas.
Decretos y Resoluciones. El viceministro de Administración Financiera aseveró que quitarán todas las disposiciones que hagan falta, ya sea decreto o resoluciones, para recordar que no pagarán esos aumentazos.
Explicó que, finalmente, el que designa esa categoría es la máxima autoridad de cada entidad, que, según Llamosas, tendría (la máxima autoridad) que respetar estrictamente lo que dice la ley, independientemente a lo que pueda decir el anexo del personal.
“Este año quitamos disposiciones vía decreto y resoluciones del Ministerio de Hacienda donde le instamos a los administradores de las entidades que se ajusten a lo que establece la Ley de la Función Pública. Si no hay un justificativo, ya sea vía concurso o alguna disposición legal, al funcionario se le tiene que liquidar con base en su salario del año anterior. Eso mismo vamos a hacer el año que viene”, recalcó.
El PGN para el 2020 fue sancionado el pasado jueves con la versión del Senado, tras una repentina sesión extraordinaria convocada por la Cámara Alta. La ley de PGN pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El Plan de Gasto de la Nación fue aprobado en un monto global de G. 86,32 billones (USD 13.526 millones), levemente superior a los G. 86,28 billones (USD 13.521 millones) propuesto inicialmente por el Poder Ejecutivo.
