Hacienda descarta veto al PGN 2021 y buscará neutralizar los aumentos

Llamosas señaló que el veto total a la ley no podría ser una solución viable, considerando sobre todo la posibilidad de que vuelva a regir el Presupuesto 2020, el cual acabó siendo ajustado a la situación específica de la emergencia generada por el Covid-19.

En cuanto a un veto parcial, señaló que esta opción en particular genera “más complicaciones que soluciones”, por lo cual adelantó que se verán otras alternativas.

“Vamos a neutralizar dentro de lo que se pueda o a mitigar el impacto de las modificaciones que hicieron (en el Congreso) a través de las distintas herramientas que tiene el Poder Ejecutivo, ya sea el decreto reglamentario como así también el plan financiero”, refirió.

En ese sentido, el ministro de Hacienda habló de hacer ajustes en torno a las proyecciones iniciales en lo que hace tanto a Fuente 10 (recursos del Tesoro), como a fuente 30 (recursos institucionales).

“Vamos a tener un plan financiero restrictivo ajustado a las proyecciones de ingresos que nosotros tengamos y la diferencia se irá liberando si corresponde, si nosotros vemos que a lo largo del año se dan las condiciones financieras”, detalló.

Aumentazos. Por otra parte, Llamosas aseguró que se mantienen en la postura sobre las subas salariales que no respondan a lo establecido en las normativas correspondientes. “En lo que hace a los aumentos que se concedieron a ciertas instituciones, vamos a mantener nuestra posición, de que esos aumentos se dan solo en cumplimiento a lo que establece la Ley de la Función Pública, que es a través del concurso, y mientras esos procesos no se cumplan esos aumentos no van a ser asignados”, comentó.

Agregó que a eso se debe sumar la cuestión financiera, ya que en el caso de que se cumpla con el proceso requerido, el Equipo Económico va a condicionar la entrada en vigencia de los aumentos al segundo semestre del año a una revisión financiera.

“En el caso del Congreso, ellos se exceptuaron en un artículo de la ley, pero nosotros vamos a hacer el análisis jurídico de postergar la entrada en vigencia de manera a mitigar el impacto financiero. Hay cuestiones que tenemos que evaluar: En la cuestión legal tenemos una posición tomada con relación a las recategorizaciones salariales y, por otro lado, un tema no menor es lo financiero, que también vamos a estar evaluando”, amplió.

detalle. Según la ley sancionada por diputados y senadores, el gasto salarial del aparato estatal quedó inflado en G. 50.000 millones con respecto al monto acordado entre el Fisco y la Bicameral. Esto incluye creación de 2.700 cargos en el Instituto de Previsión Social (IPS), pago de bonificaciones al personal del Registro Civil y de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), crecimiento vegetativo en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y equiparación salarial para funcionarios del Ministerio de Salud.

Asimismo, contempla un aumento en los créditos presupuestarios del Senado y del Congreso por G. 13.700 millones para sueldos y bonificaciones, con el agravante de que el Legislativo aprobó dentro del PGN 2021 articulados que los exceptúan de la obligatoriedad del concurso para contratar nuevos operadores y aumentar salarios.

Finalmente, el documento sancionado también incorpora G. 6.498 millones para el pago de los denominados aumentazos para unos 2.000 funcionarios de entidades como Secretaría de Planificación, Función Pública, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), entre otros.