Tras semanas de silencio, el Ministerio de Hacienda se pronunció ayer sobre la polémica adjudicación del seguro médico al Consorcio Salud SD. El llamado, por G. 62.572 millones, fue anulado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) tras la protesta presentada por otra concursante.
Luego de participar de la presentación de un libro en conjunto con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el jefe del Equipo Económico Nacional, Óscar Llamosas, subrayó que están seguros de lo actuado en primera instancia para la adjudicación y que van a remitir todos los documentos que pidió la DNCP para seguir adelante con el proceso.
Señaló que, por el momento, el equipo técnico encargado de la licitación está revisando las documentaciones remitidas por los oferentes, recordando que la semana que viene vence el plazo establecido por Contrataciones para el envío de una respuesta oficial.
“Nosotros estamos seguros de lo actuado por el Ministerio de Hacienda y vamos a remitir todos los documentos que fueron requeridos por la DNCP para que se pueda resolver esto”, expresó Llamosas.
Criticado. La adjudicación del seguro médico hecha por Hacienda al Consorcio Salud SD y al Grupo Proinsa SA fue anulada hace unos días por la DNCP. Esta última entidad dio un plazo de 20 días al Fisco para volver a analizar las ofertas.
En este proceso se detectaron irregularidades en la manipulación del pliego de bases y condiciones, con cambios que bajaron el nivel de experiencia y solvencia para demostrar la capacidad para prestar el servicio. El peso de los cuestionamientos recae sobre el Consorcio Salud SD, quien cuenta con varias sanciones por proporcionar información falsa en licitaciones anteriores.
En un comunicado divulgado el fin de semana, la Cámara de Instituciones Médicas Asistenciales del Paraguay (Cimap) se mostró preocupada por esta adjudicación, señalando que hay que mirar con lupa la reducción de exigencias mínimas a ser cumplidas y la flexibilización injustificada de criterios de calificación para los oferentes, lo que puede dar lugar a adjudicaciones a empresas o consorcios que no reúnen las condiciones de experiencia, en detrimento de un buen servicio de salud. También cuestionó el llamado hecho por el MOPC.
