El apego a la ley y una mayor cultura tributaria son imprescindibles para disminuir la demanda de productos de contrabando por parte de la ciudadanía y de la importación al margen de la ley por el sector empresarial.
Esos dos sectores deben ser conscientes de que más allá de los beneficios individuales y de corto plazo, el contrabando tiene consecuencias que a mediano y largo plazo les afectarán negativamente.
En el segundo caso, las instituciones públicas con competencias en este problema deben fortalecerse y gestionar un sistema de incentivos que vuelva altamente costosas las consecuencias de violar la normativa vigente.
El Poder Ejecutivo debe implementar mecanismos de control rigurosos al interior de sus instituciones y garantizar el cruzamiento de la información entre ellas. El Poder Judicial debe ser implacable con el castigo a quienes violan las leyes, de manera a desincentivar la reincidencia y dar señales claras a quienes tengan intenciones de iniciarse o mantenerse en dichas prácticas.
Un cabal cumplimiento de las funciones del sector público requiere funcionarios públicos íntegros, remunerados acorde con sus resultados y protegidos contra el tráfico de influencias. Esta pareciera ser la tarea más compleja a la que deben abocarse ambos poderes del Estado, ya que como vimos en las últimas semanas, una parte no menor de los funcionarios públicos entraron al servicio civil amparados en recomendaciones y no en sus capacidades ni en su ética y honestidad, cualidades necesarias para luchar contra el contrabando.
La aspiración de construir un país serio y desarrollado se ve fuertemente obstaculizada cuando las partes no cumplen con el contrato social ni las normas positivas que devienen del mismo. El contrabando afecta negativamente a las recaudaciones tributarias, impidiendo al Estado cumplir los roles que la Constitución le otorga; genera competencia desleal a la industria nacional, lo cual afecta a la generación de empleos y de ingresos de muchas familias paraguayas.
Además de su impacto negativo en varios indicadores económicos, el contrabando, y la impunidad que se deriva de ello, corroe la confianza ciudadana en las instituciones, induce a la violación de los derechos humanos por las acciones represivas, derivando todo esto en el resquebrajamiento de los pilares de la gobernabilidad, factor clave para el crecimiento económico y el desarrollo.