Para combatir con eficacia el contrabando y evitar las medidas parche que aparecen de tanto en tanto, es necesario diseñar políticas públicas que consideren todas las aristas de una realidad compleja en la que se juegan aspectos vinculados a la pobreza, la informalidad, la evasión de impuestos y los intereses del Estado.
El apego a la ley y una mayor cultura tributaria son imprescindibles para disminuir la demanda de productos de contrabando por parte de la ciudadanía y de la importación al margen de la ley por el sector empresarial.
Esos dos sectores deben ser conscientes de que más allá de los beneficios individuales y de corto plazo, el contrabando tiene consecuencias que a mediano y largo plazo les afectarán negativamente.
En el segundo caso, las instituciones públicas con competencias en este problema deben fortalecerse y gestionar un sistema de incentivos que vuelva altamente costosas las consecuencias de violar la normativa vigente.
El Poder Ejecutivo debe implementar mecanismos de control rigurosos al interior de sus instituciones y garantizar el cruzamiento de la información entre ellas. El Poder Judicial debe ser implacable con el castigo a quienes violan las leyes, de manera a desincentivar la reincidencia y dar señales claras a quienes tengan intenciones de iniciarse o mantenerse en dichas prácticas.
Un cabal cumplimiento de las funciones del sector público requiere funcionarios públicos íntegros, remunerados acorde con sus resultados y protegidos contra el tráfico de influencias. Esta pareciera ser la tarea más compleja a la que deben abocarse ambos poderes del Estado, ya que como vimos en las últimas semanas, una parte no menor de los funcionarios públicos entraron al servicio civil amparados en recomendaciones y no en sus capacidades ni en su ética y honestidad, cualidades necesarias para luchar contra el contrabando.
La aspiración de construir un país serio y desarrollado se ve fuertemente obstaculizada cuando las partes no cumplen con el contrato social ni las normas positivas que devienen del mismo. El contrabando afecta negativamente a las recaudaciones tributarias, impidiendo al Estado cumplir los roles que la Constitución le otorga; genera competencia desleal a la industria nacional, lo cual afecta a la generación de empleos y de ingresos de muchas familias paraguayas.
Además de su impacto negativo en varios indicadores económicos, el contrabando, y la impunidad que se deriva de ello, corroe la confianza ciudadana en las instituciones, induce a la violación de los derechos humanos por las acciones represivas, derivando todo esto en el resquebrajamiento de los pilares de la gobernabilidad, factor clave para el crecimiento económico y el desarrollo.