Política

Habría pacto para mantener a cuestionado defensor

 

Las negociaciones para la elección del defensor del Pueblo se acentúan en la Cámara de Senadores, donde este miércoles se tiene que emitir un dictamen acerca de los perfiles para integrar la terna.

En los pasillos de la Cámara Alta aseguran que la bancada cartista opera fuertemente para que el cuestionado Miguel Godoy, quien ocupó el cargo en los últimos cinco años, sea designado nuevamente, pese a las críticas que existen sobre su labor al frente de la institución.

Godoy, sobre quien pesan varias denuncias como actitudes misóginas hoy desatinadas durante el tiempo en que está como defensor, sería del agrado de Horacio Cartes, pero como el ex mandatario tiene minoría en el Senado, no tuvo otra opción que aliarse con la bancada C del PLRA compuesta por Hermelinda Alvarenga, Abel González, José Pakova Ledesma y Octavio Schatp y con legisladores del Frente Guasu, de acuerdo con los datos. De hecho, los encargados de “operar” a favor de Godoy son el diputado cartista Basilio Núñez y los senadores Sixto Pereira y Juan Carlos Galaverna, quienes buscan los votos, revelan los informes.

Galaverna abiertamente ya manifestó su postura y dijo que Godoy “merece ser reelecto por haber hecho una encomiable labor”.

Godoy figura en el listado corto de los candidatos que la Comisión de Asuntos Constitucionales elaboró para remitir al pleno del Senado esta semana. Esto, por un pedido expreso del titular de dicha comisión, Martín Arévalo, de modo a facilitar la elaboración de la terna.

Se habían presentado 78 postulantes, algunos por ambos cargos. En el listado enviado al pleno figuran Miguel Godoy, el actual defensor adjunto Carlos Bordaberry, la ex fiscala Liliana Zayas, la abogada Diana Vargas, el titular de la Codehupy Óscar Ayala, el abogado Jorge Rolón Luna, la ex viceministra de Justicia Alejandra Peralta de Merlo, entre otros.

El senador por el PDP Pedro Santacruz pidió que para este miércoles 27 la Comisión de Asuntos Constitucionales y la de Derechos Humanos reciban a varias oenegés de derechos humanos, de modo a abogar por la elección de Óscar Ayala, para la Defensoría del Pueblo, o bien de Diana Vargas, quien se desempeña como funcionaria del Congreso, asesora del citado senador.

El reclamo de las organizaciones de la sociedad civil es que la Defensoría del Pueblo ha sido objeto de varios casos de irregularidades y tampoco ha cumplido a cabalidad su rol constitucional de recibir e investigar denuncias, quejas y reclamos contra violaciones de los derechos humanos.

La Constitución Nacional establece que el mandato del defensor del Pueblo y el adjunto es de cinco años, por lo que el Senado lanzó en julio la convocatoria.

El Senado debe elaborar la terna que debe poner a consideración de la Cámara de Diputados, que debe elegir.

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