Los reclamos, las denuncias y las movilizaciones de varios sectores ciudadanos para que se intervengan algunas administraciones municipales del país, ante indicios concretos de irregularidades y presuntos hechos de corrupción, se extendieron como un reguero de pólvora en las últimas semanas.
Para el sociólogo y analista José Carlos Rodríguez, es evidente que existe “una conciencia superior” de la ciudadanía con relación a la corrupción instalada en diversas comunas.
Adujo que el hecho de que el político “use el Estado para beneficiarse y beneficiar a sus amigos” está produciendo la indignación de la gente.
“Se usa lo público en beneficio de lo privado, el enojo de la gente está bastante claro, la gente dice eso hace tiempo y esa corrupción en sentido clásico está produciendo indignación en la gente. Evidentemente hay más conciencia”, expresó Rodríguez.
Son varios los intendentes que están actualmente en la mira por denuncias de irregularidades en su gestión.
El caso más notorio es el de Ciudad del Este, donde el pasado 2 de octubre la Junta Municipal aprobó intervenir la administración de la intendenta cartista Sandra McLeod, esposa del poderoso senador Javier Zacarías Irún, por presunto enriquecimiento ilícito.
Este pedido ahonda la división interna en el Partido Colorado entre el sector que lidera el presidente Mario Abdo Benítez y el grupo del ex presidente Horacio Cartes.
Abdo apoya abiertamente la intervención, lo que genera una fuerte crispación política en menos de 100 días de gestión del nuevo Gobierno.
En setiembre fue aprobado también un pedido de intervención de la Comuna de La Colmena, del cartista Mario Melgarejo, por supuesto daño patrimonial y mal desempeño en sus funciones.
Asimismo, el Municipio de Santa Rosa del Aguaray, bajo el mando del colorado Esteban González, también tiene un pedido de intervención por supuesta falta de documentos que respalden la ejecución presupuestaria, entre otras denuncias.
Igualmente, se dio lo propio en Alberdi, Departamento de Ñeembucú, donde los concejales denuncian supuestas irregularidades en la gestión del intendente Federico Centurión Acosta, del Partido Colorado.
Guerra. Para Rodríguez, la guerra de baja intensidad que mantiene el cartismo con Añetete también favorece a que se denuncien las irregularidades. “Trabajar en un país mafioso es un problema, ese peligro tiene Paraguay, y evidentemente hay una guerra política. No todo simplemente es por el hartazgo de la corrupción. Los astros se alinean y hay una mezcla entre el poder político copado por gente corrupta, hay una pelea fuerte entre los sectores colorados”, añadió.
De hecho, la gran mayoría de municipios con pedidos de intervención son de administraciones de intendentes cartistas.
Las denuncias de irregularidades afectaron también a la administración de Cristóbal Villalba, intendente de La Paloma, quien es hermano de la diputada también cartista Cristina Villalba, y a la Comuna de Humaitá, Ñeembucú, del cartista Víctor Bordoli, por supuesto daño patrimonial y mal desempeño en sus funciones.
Trabajar en un país mafioso es un problema, ese peligro tiene Paraguay, y hay una guerra política. No todo es por el hartazgo por la corrupción.
Se usa lo público en beneficio de lo privado, el enojo de la gente está bastante claro. Evidentemente hay más conciencia. José Carlos Rodríguez, Sociólogo
