La agente fiscal Carmen Gubetich de Cattoni primeramente solicitó la confirmación de la prisión preventiva de María Selva Morínigo. Sin embargo, la representante del Ministerio Público se retractó posteriormente en una segunda nota y requirió el arresto domiciliario para la esposa del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón.
La mujer está imputada por lavado de dinero y dicha ratificación fue dirigida a los miembros del Tribunal de Apelación.
Esto debido a que la encausada apeló la resolución del juez penal de Garantías José Agustín Delmás, quien decretó que vaya recluida al penal del Buen Pastor
“Por el presente escrito manifiesto que por un error involuntario había solicitado la confirmación de la prisión preventiva de Morínigo en la contestación de la apelación general interpuesta por la defensa técnica”, refiere parte del escrito.
También menciona que corresponde el arresto domiciliario de la imputada, bajo control de la Comisaría 14ª Metropolitana, debido a que el hecho punible de lavado de dinero está considerado dentro del marco de delitos, siendo su marco penal de hasta cinco años de cárcel.
Razones humanitarias. Por otra parte, el abogado defensor Mario Aníbal Elizeche Baudo también resaltó en el recurso de apelación que Morínigo tiene una hija menor de 15 años con el síndrome denominado Cri du Chat, además de una madre anciana, que se encuentran bajo su cuidado, dependiendo exclusivamente de ella.
También resalta que no se puede ofrecer fianza real de los inmuebles ni vehículos, porque se encuentran embargados.
El letrado criticó la imputación, debido a que se basó en un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
“No tiene valor probatorio, por ser confidencial y basarse en datos parciales, que es el único elemento acompañado para respaldar la imputación fiscal”, refiere el profesional del Derecho.
Hoy, a las 10.00, está fijada la audiencia de imposición de medidas para el ex titular del Ministerio Público Javier Díaz Verón, quien se encuentra procesado por enriquecimiento ilícito. En caso de que no se presente ante el juez penal de Garantías, Julián López, se podría decretar su rebeldía y orden de captura.