El PNR y la Comisión Nacional de Resarcimiento (CNR) que lo coordina fueron creados en 2003, para funcionar hasta 2016, en cumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados el 29 de diciembre de 1996 que pusieron fin a 36 años de un conflicto interno que dejó 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.
El PNR tiene con fin el resarcimiento individual o colectivo de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra, y de acuerdo a la decisión presidencial publicada este lunes en la gaceta oficial tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023.
El decreto presidencial aclara que el Programa podrá prorrogarse de conformidad con la evaluación que se realice para que el Estado cumpla con la responsabilidad asumida en los llamados Acuerdo de Paz Firme y Duradera.
Las medidas de resarcimiento se aplicarán bajo los principios de equidad, justicia, celeridad, accesibilidad, gratuidad, sencillez, imparcialidad, integridad, efectividad, multilingüismo, inclusión y respeto a la identidad cultural.
El acuerdo o decreto establece además que la prioridad de los beneficiarios se hará en base a la gravedad de las violaciones, la condición socioeconómica y la vulnerabilidad social, pero tendrán especial atención las viudas, huérfanos, discapacitados, adultos mayores y menores de edad.
El resarcimiento se hará sin perjuicio de la persecución penal que proceda cuando los hechos constituyan delito como la tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y violación sexual, de acuerdo a la información oficial.
El Programa incluye dignificación de las víctimas mediante el apoyo a exhumaciones e inhumaciones, resarcimiento cultural, reparación psicosocial y rehabilitación, restitución de vivienda, tierras, certeza jurídica e inversión productiva, así como económica.
Según el acuerdo presidencial, el monto del pago económico será determinado por la CNR mediante una sentencia judicial.
Hasta ahora, el PNR ha entregado 622 millones de quetzales (79,33 millones de dólares) en resarcimiento a unas 22.000 víctimas del conflicto armado, según los datos oficiales.
La extensión de la vigencia del Programa de Resarcimiento se hizo efectivo un día después de que Guatemala celebró el 17 aniversario de los acuerdos de paz, con la crítica generalizada de que quedan mucho camino por andar para satisfacer las demandas sociales.
El mandatario guatemalteco, Otto Pérez Molina, uno de los signatarios de los acuerdos en representación del Ejército, aseguró ayer que hay avances, aunque reconoció que falta por cumplir con las reformas del Estado, tanto políticas como administrativas.
