El informe muestra que el 45 % de las favelas de esa ciudad brasileña se encuentra hoy bajo el dominio de esos grupos integrados por policías y expolicías corruptos y que se disputan con narcotraficantes el control de las barriadas pobres.
Además de cobrar tasas de seguridad, las milicias controlan negocios como la distribución de señal pirata de televisión por cable, la venta de bombonas de gas y el transporte con furgonetas y mototaxis.
Según el estudio de la IESP, unas 370 favelas, el 37 % de las comunidades pobres de Río de Janeiro, ciudad que en 2016 acogerá los Juegos Olímpicos, permanece bajo control de grupos de narcotraficantes.
El número de barriadas dominado por traficantes se redujo tanto por el avance de las “milicias” como del programa de “pacificación” del gobierno regional, que prevé la ocupación de favelas controladas por criminales y la instalación de puestos policiales permanentes conocidos como Unidad de Policía Pacificadora (UPP).
Según el informe, en sólo seis de las favelas que fueron sometidas al proceso de pacificación se eliminó por completo el tráfico de drogas y en 23 de las 174 comunidades que cuentan con una UPP hay traficantes de drogas desarmados dedicados al menudeo de estas sustancias.
La violencia, añade el estudio, afecta a las áreas más pobres de la ciudad de Río de Janeiro, principalmente las favelas, pero llega mucho más allá de los límites de esas comunidades.
Ese hecho genera una segregación urbana que se materializa en una estructura social y una morfología ciudadana que crea espacios de violencia.
