En dos semanas más, el proyecto de ley que crea la superintendencia de pensiones, impulsado desde el Poder Ejecutivo y que ya cuenta con media sanción de Diputados podría tener sanción automática si no lo estudia la Cámara de Senadores.
Hoy, a las 18.00 horas, en la sede de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), líderes de gremios empresariales y sindicatos de trabajadores firmarán una nota de pedido para que la Cámara Alta rechace el proyecto de ley.
Aldo Snead, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dijo ayer que esperan que el Legislativo acompañe este pedido para, posteriormente, abrir una mesa de diálogo por noventa días para presentar un nuevo proyecto ante el Congreso.
“Nos mantenemos en la cuestión de la gobernanza; el Gobierno con su proyecto plantea excluir a los trabajadores y empresarios del manejo del consejo asesor. Esta plata es de los trabajadores; el Estado es el mayor deudor histórico de la Caja del IPS”, recordó.
Para el efecto, recordó que hay un proyecto de ley que fue presentado en la Cámara de Diputados en mayo del año pasado, que nació del consejo tanto del sector sindical como empresarial, pero que nunca fue tenido en cuenta.
Ese proyecto servirá como base para presentar una nueva propuesta de ley, una vez que se rechace el planteamiento que viene desde el Gobierno.
“Creemos que en esta mesa de diálogo del sector público y privado podemos discutir todos los puntos en los que discordamos, pero hoy la ley como está no queremos que corra”, enfatizó.
Snead dijo que no se puede dejar al arbitrio del Gobierno el manejo de las inversiones de las cajas de pensiones, sobre todo por las malas experiencias del pasado.
“Recordemos cuando el Banco Nacional de Fomento prestó dinero a empresarios del sector transporte hasta hoy día nunca se recuperó, en eso no queremos caer. Estamos de acuerdo que las cajas deben ser controladas, pero no administradas por ellos”, subrayó.
ALTERNATIVA. Víctor Insfrán, miembro de la CUT, dijo que proyecto consensuado entre sindicatos y gremios empresariales cambia sustancialmente el modelo de gobernanza de la Superintendencia de Pensiones.
En el artículo 5° se deja en claro que ninguna disposición de la ley puede afectar derechos adquiridos de los jubilados y pensionados.
Con respecto a la conformación de las autoridades, se plantea crear un Consejo Directivo que cuente con tres miembros del sector público, con representantes de los ministerios de Hacienda, Salud Pública y del Trabajo.
En este proyecto, a diferencia de la ley que viene del Ejecutivo, se elimina la participación de un representante del Banco Central del Paraguay.
El sector privado estaría representado por un miembro del gremio empresarial, uno del sector sindical y otro en representación de las cajas de jubilados y pensionados.
El presidente, vicepresidente y secretario de este consejo será designado por voto de los miembros para cuatro años de mandato. La Superintendencia tendrá el rol de fiscalizar los aspectos financieros, operatios y administrativos de la cajas.
Límites a inversiones y propuesta de seguro para casos de desempleo
Uno de los puntos llamativos del proyecto de ley consensuado por el sector privado es que su capítulo de inversiones no deja en claro cúales son los instrumentos con los que las cajas pueden diversificar sus colocaciones de fondos. Los sindicatos habían protestado porque el proyecto del Ejecutivo fija límites para cada tipo de instrumentos e incluso Hacienda planteó eliminar esos topes; sin embargo, en su proyecto de ley los sindicatos se contradicen cuando plantean que la Superintendencia podrá determinar límites máximos, e incluso hasta se habla de prohibiciones. También esta propuesta plantea que tras el tercer año de vigencia de esa ley, la Superintendencia presente ante el Ejecutivo un proyecto de prestación ante casos de desempleo, que sería sometido al análisis del Congreso. Indica además que esta Superintendencia deberá plantear las fuentes de financiamiento para hacer efectiva esta propuesta. Ayer la CUT cumplió 29 años de vida como organización y en el acto aniversario estuvo presente el saliente ministro del Trabajo, Guillermo Sosa. Cuando se le consultó sobre el proyecto, dijo que se debe debatir, pero aclaró que sector privado no puede ser juez y parte en un ente regulador.