Política

Gremios se pronuncian contra ley de olvido en declaraciones juradas

 

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (Cncsp), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP) emitieron ayer un comunicado para expresar su postura en contra de la ley que despenaliza el olvido o los datos falsos en las declaraciones juradas de funcionarios.

A criterio de los empresarios, la normativa en cuestión –ya sancionada por el Congreso Nacional– abre la puerta “a la impunidad, la corrupción, facilita el lavado de dinero y va en contra de la transparencia que permite el control ciudadano de los actos del sector público” y no debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo, conforme a lo que establece el escrito.

“La despenalización permitirá circunvalar el deber constitucional de los funcionarios públicos de prestar declaración jurada de bienes y rentas. La declaración jurada es una obligación establecida por la Constitución, que se fundamenta en la obligación de transparentar las actuaciones de los funcionarios. Lo público es público”, añade.

Asimismo, el pronunciamiento indica que la Contraloría, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Superintendencia de Bancos, la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) y el Servicio Nacional de Catastro (SNC), así como todas las instituciones del Estado, deben cooperar estrechamente para comprobar y validar las declaraciones juradas. “Si no lo hacen son cómplices o encubridores”, manifiesta.

El comunicado finaliza con el pedido dirigido a Mario Abdo Benítez, de no dar su visto bueno a lo que el Parlamento sancionó. “El presidente de la República tiene en sus manos la herramienta legal para objetar este proyecto de ley, esto podrá fortalecer la institucionalidad y demostrar su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga”, dice. El proyecto fue impulsado por el cartismo. Cuando llegue al Ejecutivo deberá definirse en 6 días hábiles.


Sectores empresariales se expresaron en contra del documento que evita la pena a los funcionarios que omitan datos en sus DDJJ, ya sancionado. Aseguran que se abre puerta a impunidad y corrupción.

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