05 oct. 2025

Gremios privados de combustibles denuncian competencia desleal

Dicapar y Cadipac denunciaron ayer la “competencia desleal” instalada por el Gobierno con Petropar y “que pone en riesgo” la continuidad operativa de las empresas privadas del rubro.

En un comunicado conjunto dirigido a la opinión pública, las empresas importadoras y distribuidoras de combustibles, Dicapar y Cadipac, sentaron postura crítica sobre la ley sancionada ayer por Diputados, que subsidia dos combustibles de Petropar, el gasoil común y la nafta de 93 octanos, y advierten consecuencias negativas.

En su misiva, señalan que dicha normativa fue elaborada enteramente por el Equipo Económico Nacional, sin participación de las empresas del sector privado.

Afirman que, en todo momento, han demostrado buena voluntad en las distintas mesas técnicas para las cuales fueron convocados por las autoridades nacionales, con la finalidad de encontrar puntos en común para atenuar los efectos de la suba de los precios internacionales de los derivados del petróleo, al cual están absolutamente ajenos.

“Los precios de los combustibles comercializados por nuestras empresas reflejan y acompañan las cotizaciones internacionales de los derivados del petróleo. En los últimos meses y particularmente en las últimas semanas, el incremento en estas cotizaciones ha resultado en aumentos de precios de combustibles en todo el mundo, no siendo una excepción nuestra región”, remarcan.

A partir de esto, subrayan que “resulta evidente que Petropar, de manera unilateral, comercializa sus combustibles por debajo de los precios internacionales de importación, resultando en una competencia desleal que pone en riesgo la continuidad operativa de las empresas privadas de combustibles, incluyendo el sector minorista que genera más de 30.000 puestos de trabajo”.

Igualmente, refieren que es de público conocimiento “el nefasto resultado de la aplicación de subsidios a la comercialización del gasoil en Petropar en los años 2008 y 2009”, que resultó en la deuda con PDVSA de 300 millones de dólares pendientes de pago y en litigio en tribunales de París.

Puntualizan que son estos los motivos por los cuales están “en total desacuerdo con cualquier medida que distorsione las reglas del libre mercado con medidas manifiestamente inconstitucionales y discriminatorias contra el sector empresarial privado, sean estas en la forma de subsidios o a través de acciones llevadas a cabo por instituciones o empresas del Estado”.

Específicamente, “rechazan todo intento de canalizar a través de nuestras empresas fondos de empréstitos públicos con el solo fin de solucionar asuntos políticos que escapan a nuestro manejo”.

Finalmente, expresan solidaridad con todos los sectores más vulnerables al descripto contexto internacional e insisten en la libre competencia como medio de preservación de las empresas y, por consiguiente, de los empleos y la forma de vida que ha caracterizado a nuestro país en las últimas décadas.


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