El comunicado que lleva la firma de 35 gremios y difundido a través de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) señala que “consideran lamentable la postura de defensa de la ilegalidad, la informalidad y muy especialmente del contrabando, adoptada por algunos políticos, con tal de seguir ganando adeptos en campaña”.
Insisten en que, una vez más, el contrabando está teniendo consecuencias económicas, sociales y de salud pública que solo pueden ser prevenidas con un enfoque integral en el combate, y en el cual los controles del sector público son fundamentales.
“Recordamos a la clase política y a la ciudadanía en general que la resistencia es un delito tipificado y sancionado por el Código Penal, que en el Artículo 296, inciso primero, establece que: 1º El que, mediante fuerza o amenaza de fuerza, resistiera o agrediera físicamente a un funcionario u otra persona encargada oficialmente de ejecutar leyes, decretos, sentencias, disposiciones judiciales o resoluciones (...), será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa”, agregan los gremios en su comunicado.
Puntualizan que en casos graves de resistencia la pena puede ser de hasta cinco años de cárcel. “Queremos enfatizar en que la vieja práctica de oponerse públicamente a los controles anticontrabando, como la demostrada por algunas autoridades días pasados, y con el solo fin de ganar adeptos, alimenta un sistema perverso, donde la prebenda y el clientelismo político siguen condenando a generaciones enteras a vivir en la miseria y la mendicidad”, afirman.
Remarcan que “esta conducta no demuestra empatía con el pueblo como quieren algunas autoridades locales hacer aparecer, sino una completa falta de compromiso con la patria y su futuro, y un interés por mantener a la población dependiente de la informalidad; la formalidad, en cambio, hace a la gente libre para elegir”.
Finalmente, exhortan a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Ministerio de Industria y Comercio (MIC), y otras instituciones, como la Secretaría Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa), a seguir combatiendo al contrabando y no ceder a la presión de políticos que tienen un interés puramente electoral.